La segunda vivienda
EL ANUNCIO de la supresión de la desgravación del 17% para la segunda vivienda ha sido acogido con una relativa indiferencia. Como era de esperar, los promotores han vaticinado desastres en su sector, y aquellos particulares que tenían intención de adquirir una residencia secundaria en los próximos años han visto frustrada su esperanza de que el resto de los ciudadanos le financiara el 17% de la misma. En cualquier caso, el escandaloso aumento de los precios de la vivienda en los últimos años convierte esta desgravación en una cuestión menor y su desaparición no debería hacer perder el sueño a aquellos compradores de pisos que no lo hayan perdido ya.La supresión de la desgravación tiene un fundamento relativamente sólido. En España ha habido siempre una considerable confusión entre los aspectos sociales y los económicos en la política de la vivienda y se ha utilizado con frecuencia la demagogia. El que un gran número de ciudadanos pueda acceder a la propiedad de una vivienda implica, entre otros aspectos, una política decidida de lucha contra la especulación inmobiliaria, algo que ha desaparecido del horizonte en el torbellino desarrollista de los últimos tiempos y que contará en el debe de las distintas Administraciones socialistas desde finales de 1982. Las ayudas para que las capas menos favorecidas de la población puedan acceder a la propiedad o, eventualmente, a un alquiler razonable, serán tanto más onerosas cuanto mayores hayan sido las lagunas en la lucha contra la especulación.
El problema actual, tras el fuerte incremento de los precios, afecta a sectores sustancialmente más numerosos que hace tres o cuatro años. Pero, en el caso de la supresión de la desgravación para la compra de una segunda vivienda, no se trata, obviamente, de un problema social; la motivación es económica, como lo fue en su día la adopción de esa medida: gracias al abaratamiento relativo de la vivienda, se relanzará su demanda, con lo que se apoya el crecimiento económico. Este razonamiento fue válido en un período en que la construcción residencial y, en general, la actividad en el sector se encontraba deprimida y era necesario, por consiguiente, encontrar algún medio para reactivarla. La situación ha cambiado sustancialmente desde entonces; en los últimos años, la construcción ha progresado a una tasa real del 10%, lo cual supera, casi con seguridad, lo que sería deseable en términos estrictamente económicos. La influencia de la construcción sobre el ciclo económico es muy elevada por su alto coeficiente multiplicador, y la cuestión que puede plantearse es si la tasa actual se puede mantener y, eventualmente, el coste de ese mantenimiento. Los ciclos en economía suelen tener una cierta simetría por lo que forzar artificialmente al alza la demanda en las circunstancias actuales puede provocar, a plazo, una mayor caída de la misma.
La supresión de la desgravación parece obedecer a esta preocupación por el medio plazo de la economía. En su día se trató de una medida coyuntural que ha contribuido de manera positiva al crecimiento en el sector, y la lógica requiere que, desaparecidas las circunstancias que justificaron su adopción, desaparezca la medida. Los problemas vendrán más tarde, cuando las nuevas generaciones intenten adquirir un alojamiento: el alza de los precios que ha tenido lugar en los últimos años forzará, no dentro de mucho tiempo, una caída de la demanda y, en cualquier caso, una modificación de la misma. Tiempo habrá para reconsiderar las desgravaciones, pero lo probable es que entonces lo que haya de plantearse es su ampliación para la primera vivienda. A largo plazo, lo mejor que puede hacerse para mantener la actividad en el sector es luchar, con algo más de convencimiento, para detener la especulación y facilitar las adaptaciones necesarias a los cambios que se avecinan en la demanda de viviendas.
