Los socialistas franceses suavizan la 'ley Pasqua' sobre inmigración

Los aspectos más conflictivos de la ley Pasqua sobre la inmigración serán suavizados por una ley aprobada por el Gobierno socialista francés, que será sometida a consulta en los próximos días a las organizaciones antirracistas y enviada a la Asamblea Nacional para su debate en la sesión parlamentaria que se abre el próximo lunes.

Los socialistas franceses mantienen la capacidad de los prefectos (gobernadores) para expulsar o poner en la frontera a un extranjero, la disposición más criticada de la ley del 9 de septiembre de 1986, elaborada por el entonces ministro del Interior de Jacques Chirac, Charles Pasqua. Sin embargo, el extranjero afectado podrá interponer un recurso que suspenderá la aplicación de la medida administrativa, posibilidad que no existe en la actualidad.

La opción adoptada por el ministro del Interior, Pierre Joxe, en este punto es un término medio entre lo establecido por la ley Pasqua y las pretensiones iniciales de los socialistas, que defendían la devolución a los jueces del poder de expulsión de los extranjeros. Joxe mantiene así el poder de control sobre la inmigración clandestina.

El Partido Socialista (PS) defendió, mientras estuvo en la oposición, la abrogación pura y simple de la ley, pero pronto modificó su postura, tras acceder al Gobierno en mayo de 1988. Incluso la actual reforma llega después de meses de silencio, lo que provocó la inquietud y la protesta de las organizaciones antirracistas. La elaboración de las nuevas normas se aceleró sólo después de que el presidente de la República, François Mitterrand, expresara en su discurso de fin de año su deseo de que fueran revisadas "sin tardar varias disposiciones que no me parecen", dijo, "ni equitativas ni justificadas".

Modificaciones

Aparte de dar la palabra al amenazado de expulsión, la reforma de Joxe establece otras modificaciones de la ley Pasqua: un extranjero que se case con una francesa tendrá inmediatamente derecho a un permiso de residencia por 10 años, y no deberá esperar un año, como ocurre ahora; una pena de seis meses de prisión no impedirá la obtención del permiso de residencia siempre que se lleven 15 años en Francia; la familia de un refugiado o de un apátrida dispondrá automáticamente del permiso; y los extranjeros cuya entrada en Francia sea rechazada tendrán derecho a asistencia humanitaria en los aeropuertos.La reforma ha sido bien acogida por las organizaciones que luchan contra la discriminación, como France Plus o SOS Racismo, y rechazada con virulencia racista por el Frente Nacional (FN). Bruno Mégret, dirigente del FN, acusó a Mitterrand y al Gobierno de "tercermundizar" el país y de favorecer más a los extranjeros que a los franceses. "El Gobierno elegido por los franceses", añadió, "pierde su legitimidad porque se preocupa más de los extranjeros".