Carlos Solchaga afirma que por hora no es posible una amnistía fiscal

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, manifestó ayer que "nunca estuvo en el espíritu ni se observó en la letra de la sentencia del Tribunal Constitucional la posibilidad de que se desencadenase una amnistía fiscal". "Por ahora", añadió, "no es posible esa amnistía".El ministro anunció que los servicios jurídicos presentarían el oportuno recurso ante el Tribunal Supremo a la sentencia de la Audiencia de Madrid que absolvió de un presunto delito fiscal a la artista Lola Flores. Dijo también que habría que esperar al veredicto de este tribunal para formular alguna consideración sobre la amnistía.

Solchaga expresó su satisfacción por el aumento y mejora de la conciencia fiscal en España y por las manifestaciones de los periódicos al sugerir un alejamiento del sentido de la sentencia. Indicó que, en base a este apoyo y al resultado del examen realizado por sus asesores jurídicos, se había presentado el recurso ante el Supremo. El titular de Economía aseguró que "no vamos a dejar de cumplir con nuestras obligaciones de represión del fraude fiscal" y que en un plazo muy breve estaría lista la nueva normativa del IRPF para evitar este tipo de interpretaciones.

Prudencia y respeto

Solchaga se mostró especialmente prudente y respetuoso a la hora de manifestar su discrepancia de fondo con el contenido de la sentencia. Para ello se remitió a una nota oficial elaborada por el Servicio Jurídico del Estado.

La citada nota afirma que con el debido respeto a todos los pronunciamientos jurisdiccionales, los criterios que sustentan la decisión de la Audiencia de Madrid de absolver a la procesada y dejar impunes conductas decididamente defraudadoras con Hacienda no pueden ser compartidos. La citada sentencia del Tribunal Constitucional no legitima la impunidad ni ampara, por lo mismo, decisiones semejantes a la alcanzada. Quienes hayan infringido o infringan en el futuro las obligaciones constitucionales de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, han de ser responsables, administrativa o penalmente, de ello. Y esto al margen del reproche y descalificación social por su comportamiento insolidario".

El Servicio Jurídico destacó que la resolución de la Sala no se ha pronunciado sobre los gastos deducibles o los incrementos de patrimonio.