El 'caso Flores'

LA SENTENCIA de la Audiencia de Madrid absolviendo a la cantante Lola Flores de un delito penal de defraudación a Hacienda debe ser interpretada con cuidado. No se trata, como interesadamente se intenta hacer creer por algunos, de que la cantante no tenga que pagar nada a Hacienda y que, por consiguiente, quede impune el hecho de no haber realizado declaración alguna de sus rentas en los aflos incriminados. Lo que dice la sentencia es que Lola Flores no irá a la cárcel por esta razón, pero la deuda sigue pendiente, y lo lógico será que Hacienda no ceje hasta cobrarla.En este asunto es importante distinguir los aspectos administrativos de los penales. La sentencia del Tribunal Constitucional que declaró contrarios a la Constitución algunos artículos de la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha sido la causa que explica la absolución. Para que una personasea privada de libertad es preciso que exista un texto explícito que sancione la conducta delictiva. En el caso de Lola Flores, este texto no existía, al haber sido declarados inconstitucionales los artículos en los que habría podido basarse la condena. Como en derecho penal el vacío jurídico no puede llenarse por analogía, la Audiencia ha tenido que absolver a la cantante del delito penal, si bien subsiste una responsabilidad administrativa susceptible de persecución porque en este terreno el vacío puede llenarse por analogía.

El rigor de las exigencias del derecho penal se justifica porque cualquier extensión analógica de los supuestos que pueden llevar a la privación de libertad de una persona significaría un paso hacia la arbitrariedad de lo opinable y, por consiguiente, abriría una grieta en los fundamentos mismos de un Estado democrático. Considerada desde este punto de vista, la sentencia de la Audiencia de Madrid no hace sino reafirmar los principios sobre los que se basa nuestra convivencia en libertad. Lola Flores ha tenido la suerte de que la sentencia del Tribunal Constitucional se haya producido antes de la vista de su proceso, por lo que se ha librado de la cárcel. Y lo mismo va a suceder, con toda probabilidad, con todos aquellos que han defraudado al fisco estos últimos años. Hacienda se ve privada así de la amenaza de la cárcel como arma disuasoria en su lucha contra el fraude fiscal, pero ello no quiere decir que se haya quedado sin armas. La deuda fiscal de la cantante, y la de los presuntos defraudadores de los seguros de prima única, por no citar más que un reciente y lamentable escándalo, permanece intacta, y es de suponer que la Hacienda pública hará todo lo posible por cobrarla.

Para muchos ciudadanos, para los defraudadores en cualquier caso, la absolución penal de Lola Flores es una buena noticia. También lo es, en el fondo, para todos aquellos que opinan que el respeto de las forrrias en una democracia es parte de la esencia misma de un Estado de derecho. No lo es tan buena para la Hacienda pública, que hasta que no se promulgue una nueva legislación se verá limitada a los procedimientos administrativos para recuperar las deudas de los contribuyentes. La ejemplaridad es siempre un buen argumento para evitar las tentaciones de quienes pretenden ocultar sus ingresos, pero su eficacia es discutible si no existe un número suficiente de inspectores que lleguen hasta los más oscuros rincones de las bolsas de fraude fiscal. Cuantos más inspectores haya, menos necesidad habrá de recurrir a la legislación penal para que los ciudadanos paguen sus impueslos. Pero la ejemplaridad también juega para el Estado, y cuanto más austero sea éste en sus gastos, nalás fácil será apelar al civismo de los ciudadanos en el cumplimiento de sus deberes tributarlos. En cualquier caso, lo que parece claro es que sólo se ha representado el primer acto de la función; los ciudadanos que pagan regularmente sus impuestos se alegrarán también el día en que Lola Flores pague los suyos, y de la misma manera que hay tribunales en este país para proteger la libertad de los ciudadanos aplicando estrictamente las normas básicas del derecho penal, también deben existir tribunales capaces de determinar con precisión las responsabilidades de orden administrativo de los defraudadores.