Canarias pide la aplicación de la política agrícola común de la CE en las islas

El Gobierno canario no es partidario de la plena integración del archipiélago en la Comunidad Europea (CE), pero sí considera conveniente su incorporación parcial a la política agrícola común (PAC). Una valoración provisional de la Consejería de Economía y Comercio sobre los efectos producidos por el actual modelo especial de adhesión de las islas a los doce (que contempla su exclusión de la unión aduanera y de las políticas agrícola y pesquera comunitarias) cuantifica los beneficios anuales obtenidos por Canarias entre 100.000 y 150.000 millones de pesetas. "En caso de optar por una integración completa se recaudarían sólo 12.000 millones de pesetas% señaló Luis Hernández, titular de dicho departamento.

Por otra parte, el Ejecutivo regiona.l ha presentado ya a Madrid el Plan de Desarrollo Regiona.l (PDR), que contiene un cuadro maeroeconómico de inversiones por 100.000 millones de pesetas, cuyo objeto es acogerse a las ayudas procedentes de los fondos comunitarios con destino a estas islas, que figuran entre las cinco regiones más necesitadas, según el índice sintético elaborado por la CE. Dicho plan, para el que existi'a un plazo hasta finales de este mes, incluye especialmente obras en carreteras.La diferencia económica entre las ventajas ocasionadas por la actual fórmula, la llamada opción dos (adhesión española), y la opción uno (plena integración) hace descartar a las autoridades regionales esta última alternativa, a pesar de ser la preferida por el Gobierno central, dado su interés en homogeneizar los criterios de política fiscal. El Ejecutivo autonómico sigue rechazando la aplicación en este archipiélago del impuesto sobre el valor añadido (IVA), "porque sería antiestatutario"; sin embargo, está dispuesto a unificar los distintos tipos de cargas indirectas (arbitrios de lujo y entrada de mercancías, impuesto sobre el tráfico de empresas -ITE- e impuestos especiales) y adoptar, en parte, la metodología del IVA, con el fin de eliminar los defectos de una imposición atomizada. En este punto, el Gobierno coincide con las tesis de Izquierda Canaria Unida (ICU, adscrita a IU), según su portavoz, Antonio González Viéitez.

El Estatuto de autonomía garantiza un sistema de franquicia fiscal al consumo. El nuevo régimen económico fiscal (REF), en el que se concretará el futuro impuesto unitario, no entrará en vigor antes de 199 1, según han acordado las administraciones autonómica y central, para dar tiempo a la redefinición del modelo de relaciones con la CE.Según una encuesta publicada por el Diario de Avisos de Tenerife, el 68% de los canarios desea una renegociación con la CE para favorecer a la agricultura y a la industria. El presidente de la Confederación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa, Alberto Erice, interpreta que esa postura no significa que la mayoría de los ciudadanos acepten la desaparición de los puertos francos con la plena integración.

Libre acceso a la CE

En su estrategia ante el cambio de las condiciones de participación comunitaria, el Gobierno de coalición que preside el centrista Lorenzo Olarte aguarda el dictamen que prepara sobre el caso canario el grupo intraservicios de la Comisión Europea y que, previsibiemente, no será aprobado durante la presidencia española del Consejo de Ministros de la CE, sino en el segundo semestre del año.

El consejero Luis Hernández precisó el martes, ante la comisión de asuntos europeos del Parlamento canario, reunida a petición del PSOE, que la propuesta de esta comunidad autónoma consistirá en solicitar la entrada en la PAC de la pesca y la agricultura de exportación, con el fin de lograr sulibre acceso a la CE, ya que actualmente, al no pertenecer a la misma, está sometida a precios de referencia y contingenta.ción. El ex presidente del Gobierno Fernando Fernández, del CD S, ha hecho una defensa de la citada opción dos "mejorada", en su vuelta a la vida parlamentaria. El portavoz del PSOE, Juan Alberto Martín, critica, por su parte, al Gobierno por actuar con "pasividad". En la sociedad canaria se vive hoy un intenso debate sobre la presencia de las islas en la CE.

Canarias intenta conseguir un sistema de reciprocidad que no recogió el protocolo 2 del Tratado de Adhesión de España a la CE. La modificación debe tramitarse en virtud de dicho protocolo, que permite la adaptación del régimen acordado a propuesta del Consejo de Ministros, una vez oído el Parlamento Europeo. Éste aprobó hace un año el denominado informe Griffith, que asume los mismos planteamientos, defendidos en dicha cámara por los eurodiputados canarios Arturo Escuder y Manuel Medina, del PP Y PSOE, respectívamente.