11 países investigaron a 'Marco Polo', cuya vista de extradicion se célebró ayer

Policías de 11 países han investigado las actividades del traficante de drogas británico Dennis Howard Marks, conocido como Marco Polo, según se puso ayer de relieve en la visita pública sobre su extradición celebrada en la Audiencia Nacional. En la misma sesión, Geoffrey Hugh Kenion, uno de los miembros de su banda, recluido como su jefe en la cárcel de máxima seguridad de Alcalá-Meco, aceptó la petición de su extradición formulada por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. Por su parte, Marks y su mujer, Judith, se negaron a ser enviados a Estados Unidos, donde están acusados de traficar con hachís y marihuana.

Marco Polo se negó a contestar a cualquier pregunta "ante los tres jueces" que componen el tribunal que debe decidir sobre la petición norteamericana. El abogado de Marks, Gustavo López Muñoz, presentó recientemente ante el Tribunal Supremo una querella contra los magistrados de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional por prevaricación, tras habérsele negado una serie de pruebas, entre ellas el testimonio de Craig Lovato, agente de la agencia norteamericana de lucha contra las drogas (DEA).Lovato tiene declarado que el 25 de julio de 1988, tras la detención del matrimonio Marks, se "entrevistó" con Judith en su domicilio, en Palma de Mallorca.

Gustavo López Muñoz manifestó en la lectura de su informe -sobre el caso que aquella entrevista fue, en realidad, un interrogatorio en el que no estuvo presente ningún letrado, ni se advirtió a la detenida de su derecho a permanecer callada. Judith Marks precisó que ella y sus hijos fueron interrogados por Lovato en el "dormitorio". "¿Cómo estaba vestida?, preguntó el letrado. "Con una bata vaporosa", respondió Judith.

El informe de López Muñoz se centré en señalar su opinión de que en el procedimiento seguido contra su cliente se habían producido una serie de "quiebras" formales y en recalcar que Marks debía ser juzgado en España.

Retrasar la vista

Opinión contraria mantuvo el fiscal Javier Zaragoza, adscrito a la Fiscalía antidroga, quien destacó que con la querella por prevaricación interpuesta por la defensa de Marks en el Supremo "se había puesto en tela de juicio la honradez de esta sala con el fin de retrasar sine die la celebración de esta vista".

El representante del ministerio público añadió que en ningún momento ha habido "indefensión alguna" de los incriminados y recordó a Gustavo López Muñoz que "el derecho de defensa tiene sus límites". El fiscal pidió a continuación que se dedujese testimonio (abrir un nuevo procedimiento) contra el letrado por la querella presentada ya que en su opinión puede constituir un delito de desacato".

El fiscal Zaragoza señaló en su informe que "la jurisdicción natural [en este caso] es la nortearnericana. No debe abrirse ningún procedimiento en España" contra Marks. Javier Zaragoza considera que en este procedimiento "se da la doble incriminación, ya que los cargos [contra Marks] están reflejados en la legislación norteamericana y española".

El representante de la fiscalía recordó por último que en el caso del lugarteniente de Marks, William Roger Reaves, conocido como Marcelo Odom, la Audiencia Nacional ha concedido la extradición (ver EL PAÍS del sábado) y "en buena lógica esta sala debe conceder la extradición [de Marks], pues son los mismos cargos". Mientras, la tercera persona sentada ayer en el banquillo, Geoffrey Hugh Kenion se negó a contestar cualquier pregunta, aunque accedió a ser entregado a EE UU. Kenion, que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Miami, afiadió que era "inocente". Kenion, conocido como el Ingeniero, ha sido relacionado en diversos medios con el Ejército Republicano Irlandés (IRA), aunque él lo ha negado a este periódico. La vista fue suspendida a última hora de la mañana de ayer y se reanudará el martes.