Ahorro negro
TRAS UNA larga batalla legal, las compañías de seguros se han visto obligadas a entregar a Hacienda las listas de los suscriptores de seguros de prima única. Esta forma de seguro consiste en que su suscriptor entrega a la compañía una cierta suma y al final del tiempo convenido recibe el principal más los intereses acumulados. Se trata de una fórmula que: tiene un tratamiento fiscal favorable, ya que los intereses no son considerados como renta sino como capital, por lo que el rendimiento final es tratado como incremento del mismo, quedando sujeto a los coeficientes de actualización que anualmente publica Hacienda. Se trata de una fórmula beneficiosa para quienes la utilizan legalmente, es decir, para quienes declaran las sumas colocadas en este instrumento de ahorro.El problema ha surgido porque esta figura ha sido utilizada masivamente por un alto número de ahorradores para eludir los impuestos. El hecho de tener un dinero colocado a plazo en un instrumento relativamente atípico hizo concebir a muchos la ilusión de que el fisco no llegaría a conocer su ahorro, de forma que los seguros de prima única se convirtieron en el instrumento privilegiado de ocultación fiscal a lo largo de los últimos años. En una primera fase, las compañías de seguros se negaron a entregar las listas de suscriptores, pero los tribunales han fallado a favor de Hacienda y ésta ha puesto al descubierto una importantísima bolsa de fraude fiscal: aparentemente hay unos dos billones de pesetas colocados en estos seguros, de los que muy poco dinero está declarado legalmente. Si los inspectores llegan al final de todas estas cuentas, lo probable es que los ingresos fiscales suplementarios asciendan a varios centenares de miles de millones de pesetas. De momento la inspección está parada a causa de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración conjunta de los matrimonios, pero en cuanto se despeje la incógnita de la nueva tributación continuará la persecución de los defraudadores.
Algunos suscriptores han declarado su propósito de querellarse contra las instituciones que les propusieron los contratos, aduciendo que fueron engañados en su buena fe al insinuárseles que se trataba de una fórmula de ahorro que no estaba sujeta a tributación. Pero las posibilidades de que este tipo de querella prospere son más bien remotas, ya que nadie puede aducir la ignorancia de una ley para justificar su incumplimiento. De momento, un buen número de suscriptores están realizando declaraciones de renta complementarias para legalizar su situación. Algunos de éstos, desconocidos para Hacienda, eran titulares de pólizas por valor de más de 100 millones de pesetas, lo que da una idea de la extensión del fraude fiscal en nuestro país. Tiene razón el secretario de Estado de Hacienda cuando declara que la lucha contra el fraude fiscal puede agotar la tarea de los próximos 10 secretarios de Estado a lo largo del próximo cuarto de siglo.
En cualquier caso la lucha contra el fraude fiscal -en la que no se debe permitir ningún tratamiento arbitrario- merece mucho más apoyo social del que goza actualmente. Hasta hace poco se ha considerado que la defraudación era algo que carecía de importancia, y se justificaba a veces por la falta de legitimidad de las instituciones políticas. Este argumento carece ahora de sentido, como también el correlativo de la escasa calidad de los servicios que presta el Estado a los ciudadanos. Es cierto que los impuestos se pagarían de mejor grado si las cosas funcionaran mejor, pero el fondo del argumento no se encuentra en este terreno. Los impuestos hay que pagarlos independientemente de la calidad de los servicios: si éstos son deficientes, lo mejor que se puede hacer es votar a alternativas políticas capaces de mejorar la situación. Lo que está claro es que el defraudador es una persona que traslada a otros su propia carga impositiva, y que este proceso ha adquirido proporciones gigantescas en España, donde quienes pagan religiosamente sus impuestos son los asalariados (pues sus ingresos son declarados por terceros) y donde las rentas medias declaradas por empresarios y profesionales son, por lo general, ridículamente bajas. Los titulares de seguros de prima única deben pagar sus impuestos hasta el último céntimo: se trata de una cuestión de equidad elemental para con el resto de los ciudadanos que han cumplido sus obligaciones fiscales.
