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Editorial:

La ley del embudo

EL HORROR que producen hechos como los denunciados recientemente por Amnistía Internacional a propósito de la represión practicada por las autoridades de Irak contra la población kurda supera todo lo imaginable: asesinatos masivos, aplicación de corrientes eléctricas a niños de 10 o 12 años, bebés de pocos meses privados de leche para presionar a sus padres. ¿Han sido sorprendidos los Gobiernos occidentales por ese informe, elaborado por una organización privada como es Amnistía Internacional, cuando ellos disponen de embajadas en Bagdad y, por tanto, de la posibilidad de recibir informaciones precisas? Probablemente, no. La dictadura de Sadam Husein cuenta ya con un bien provisto balance de violaciones contra los derechos humanos. Utilizó en varias ocasiones gases asfixiantes en la guerra contra Irán y lo hizo asimismo para exterminar a las poblaciones kurdas, como ocurrió con la ciudad de Halabja.A pesar de los crímenes cometidos por su Gobierno, Irak ha gozado de un trato de favor por parte de los Gobiernos occidentales, que le facilitaron armas, sobre todo Francia y EE UU, para la guerra contra Irán. También la URSS fue uno de sus abastecedores de armamentos. Una simpatía que se confirma ahora, una vez terminada la guerra, como una especie de contrapeso frente a la política de la casta clerical gobernante en Irán, que exacerba el fanatismo islámico, incluso incitando al terrorismo y a actos criminales en los países europeos que tienen una fuerte inmigración de África del norte y de Asia meridional. Lo malo es que esa actitud llega hasta el vergonzoso extremo de silenciar -o reducir al mínimo- la denuncia pública de la conducta odiosa del Gobierno de Bagdad.

Es cierto que Irak no es el único país en el que se tortura a niños. En las cárceles de Irán no sólo se tortura, sino que se ejecuta a los opositores, o a personas calificadas como traficantes de droga, sin un juicio previo con las suficientes garantías. Contra la decisión del ayatolá Jomeini de condenar a muerte al escritor brítánico Rushdie, los Gobiernos de la Comunidad Europea reaccionaron con celeridad retirando sus embajadores de Teherán. Una decisión saludada por el aplauso de la opinión europea. Pero ahora, al leer el informe de Amnistía Internacional sobre los niños torturados en Irak, es imposible no sentir vergüenza cuando se piensa que nuestros embajadores permanecen en Bagdad tratando al Gobierno responsable de esos horrores con toda la consideración que exige el protocolo. No es razonable, ni justo, que la actitud de los Gobiernos occidentales contribuya a extender la falsa imagen de un Irán primitivo y salvaje al lado de un Irak civilizado y ordenado.

Es sabido que la vida internacional obliga a mantener relaciones con Gobiernos que cometen acciones inaceptables desde el punto de vista del derecho de gentes. Pero todo tiene sus límites. Como consecuencia, en gran parte, de la labor de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales -como Amnistía Internacional-, el respeto de los derechos humanos se ha convertido en nuestros días en norma del derecho internacional. Los debates en la comisión de la ONU sobre ese tema -como los que ahora tienen lugar en Ginebra sobre la situación en Cuba- permiten progresos importantes, aunque se registren también retrocesos dramáticos. Con excesiva frecuencia, los Gobiernos occidentales -que en la arena internacional se presentan, y no sin razón, como campeones de los derechos humanos- denuncian las violaciones de éstos sólo cuando se trata de Gobiernos con los que están enfrentados políticamente y guardan silencios culpables cuando se trata de Gobiernos cuya política juzgan positiva para sus intereses. Esta peculiar forma de aplicación de la ley del embudo desprestigia al que la aplica. La denuncia de Amnistía Internacional no lo es sólo de los crímenes del Gobierno iraquí, sino también, y más importante, de la hipocresía de los Gobiernos occidentales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de marzo de 1989