Justicia quiere separar a reclusos jovenes no reincidentes
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Justicia, pretende enviar una treintena de reclusos primarios -encarcelados por primera vez- de la prisión de Jóvenes de Carabanchel a la de de Alcalá Jóvenes para separarlos de los reincidentes. Desde el pasado jueves se hallan suspendidas en el primer centro todas las actividades para presos, sobre las cuales se quiere establecer un mayor control.
El nuevo director de Jóvenes de Carabanchel, Francisco Alonso, señala que las visitas de algunos miembros de la Coordinadora de Barrios coinciden con incidentes, mientras que esta entidad atribuye el último motín a la actitud de los funcionarios. De los 278 internos de Jóvenes de Carabanchel, 120 están en aislamiento de doce días por su participación en el último motín.La Junta de Régimen tuvo en cuenta que muchos de estos reclusos habían sido coaccionados por los inductores de la revuelta, en algunos casos incluso bajo amenaza de pinchos.
Los cabecillas ya han sido trasladados a otros centros y bajo sanción más severa: a 19 les han caído 14 días de aislamiento, y a otros diez, 21 días. Amén de estos 29 presos, han sido trasladados seis reclusos más por implicación en otros incidentes o sobrepasar la edad tope para estar en este centro (21 años).
Sin contemplaciones
En Justicia no se oculta que con la disciplina no se admitirán contemplaciones. "Por las buenas, todo; pero si se suben al tejado, irán al Puerto de Santa María [cárcel de máxima seguridad]". Con esta medidas, según estas fuentes, se pretende pacificar el centro y poder implantar una política de recuperación de los internos, interrumpida desde hace un mes por tres motines consecut vos.Miembros de la Coordinadora de Barrios se concentraron ayer ante esta prisión para pedir que se reconsideren las sanciones y se mejoren las condiciones de los reclusos, al tiempo que se responsabilizó a los funcionarios del último motín.
Esta entidad, según informa Efe, responsabiliza de los últimos motines a un grupo de funcionarios del centro que utiliza a los reclusos en su lucha con Instituciones Penitenciarias. Fuentes sindicales de esta prisión niegan esta aseveración y explican que ningún funcionario se arriesga a un motín para combatir por cuestiones sindicales, ya que puede poner en peligro su vida.
EL PMS no consiguió ayer localizar al sacerdote Enrique de Castro, portavoz de esta asociacion, para que diera su version sobre esta acusación.
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