Las televisiones autonómicas protestan contra las nuevas tarifas impuestas por la SGAE

Las televisiones catalana (TV-3), vasca (Euskal Telebista, ETB) y gallega (TVG) han presentado recientemente sendas denuncias ante el Tribunal de Defensa de la Competencia contra la Sociedad General de Autores de España (SGAE) por considerar que las tarifas que aplica en concepto de derechos de autor son abusivas y pueden constituir una práctica monopolista. Responsables de la SGAE han acudido a su vez a los tribunales civiles para obligarlas a pagar.

La SGAE estableció al entrar en vigor de la ley de Propiedad Intelectual, en noviembre de 1987, unas tarifas comunes para todas las emisoras de televisión que son recibidas en España, consistentes en un 2,8% por ingresos de explotación y un 1% por derechos de reproducción. Dichas tarifas fueron aprobadas por el Ministerio de Cultura.Esta medida suponía un fuerte incremento respecto a años anteriores, ya que las televisiones autonómicas pasaban de pagar poco más del 1% al 3,8% y, además, se modificaba la base de su aplicación, que de ser únicamente sobre los ingresos de publicidad pasaba a serlo por la totalidad de los ingresos anuales de explotación del canal.

Luis Guerra, asesor jurídico de la TVG, explica que según el contrato firmado por ésta con la SGAE en mayo de 1985, idéntico al pactado con la TV-3, la TVG se comprometía a abonar durante 1986 el 1% de los ingresos mensuales brutos por publicidad. A esa cantidad se debía sumar un 10% de ella en concepto de Montepío de Autores y otro 5% por utilización pública de discos. En consecuencia, TVG pagó en 1986 unos 11 millones de pesetas. Según Luis Guerra, con la nueva tarifa aprobada por la SGAE, la TVG debería abonar por el año 1988 cerca de 145 millones de pesetas. Según él, "la SGAE continúa actuando en una situación predominante en el mercado cuando la ley de Propiedad Intelectual la ha privado de la representación oficial, exclusiva y obligada de los derechos de autor que tenía en el pasado".

Teddy Bautista, vicepresidente de la SGAE, rechaza estas críticas: "La sociedad tiene su repertorio informatizado y las nuevas tarifas son un intento de armonización con Europa. Además, ¿si los sueldos de los ejecutivos de esas televisiones tienen un precio de mercado y las tarifas eléctricas o del teléfono son comunes, por qué no las de los autores?".

Antonio Santillana, director general de la SGAE, asegura que la RFA, con el 4,7%, y Francia, con un 4,5%, son los dos países de la CE que aplican un canon más alto, y Grecia y Portugal, con cerca del 2%, los de tarifas mas bajas.

Casimiro Alsina, jefe de la asesoría jurídica de TV-3, relata que tras aprobarse la ley de Propiedad Intelectual, la televisión autonómica catalana ofreció 50 millones de pesetas, lo que suponía un incremento en torno al 157. sobre la cantidad pagada en 1986, pero que esta oferta no fue aceptada por la SGAE, informa Miguel Ángel Gea. Alsina acusa además a la SGAE de cobrar derechos de autores que ya han prescrito, lo que, en su opinión, constituye "un delito de apropiación indebida porque se cobran unos derechos que son de dominio público".

Antonio Santillana aclara que el criterio seguido para repartir el dinero recaudado se establece en la asamblea general de socios, y consiste en destinar un 25% a gastos de gestión (un 27% en 1987) y el 75% restante se reparte, "siempre que se identifique al autor". De este porcentaje, alrededor de un 15% queda sin identificar, cantidad que desciende rápidamente en los seis meses siguientes. Según Antonio Santillana, "pasados cinco años puede quedar un 5% de recaudación sin identificar que va a parar a la sociedad".

Por su parte, el departamento jurídico de ETB rehusó explicar sus diferencias con la SGAE, informa Eva Larrauri. Según fuentes de la SGAE, las televisiones catalana y gallega deben sus cuotas desde enero de 1987, y la ETB, sólo las de 1988. Las mismas fuentes calculan que la deuda de cada uno de ellos ronda los 200 millones de pesetas anuales.