El pleno municipal de Soto del Real suprime el sueldo a su alcalde
El pleno del Ayuntamiento de Soto del Real acordó por unanimidad inhabilitará a la comisión de gobierno y suprimir el sueldo del alcalde, el centrista Eladio Navarro. Al iniciarse la sesión, que transcurrió en un ambiente tenso, con el salón de actos repleto de vecinos, Navarro desmintió que hubiera pospuesto la celebración de los plenos ordinarios de noviembre y enero por temor a que se tomaran dichos acuerdos.La Guardia Civil patrulló los alrededores de la Casa Consistorial, mientras en su interior vigilaba la totalidad de la plantilla de la Policía Municipal, salvo la agente que, pistola en mano, disolvió los enfrentamientos ocurridos el sábado en la plaza de la Villa entre ciudadanos de distintas opciones políticas. Esta agente se encuentra fuera de servicio tras resultar lesionada en el transcurso de la actuación.
El clima de nerviosismo y crispación del pleno motivó que el delegado de Urbanismo, el centrista Javier Ruiz, acusase al portavoz del PP, José Luis Sanz Vicente, de "provocador indirecto" de los desórdenes callejeros. A, lo que el aludido se opuso rotundamente, recordando que es "falta muy grave que un concejal acuse a otro sin pruebas". Por su parte, la ejecutiva de la agrupación local del PSOE propuso, en un comunicado leído por el alcalde, la dimisión conjunta de la corporación.
Eladio Navarro declaró a este periódico que ahora que se le anula el sueldo dejará de pensar en dimitir, o en reanudar el pleno de la moción de censura presentada contra él. Este pleno, celebrado el 2 de julio de 1988, fue interrumpido por escándalo público. "No me voy, para que no digan que me marcho porque dejo de cobrar", recalcó.
Según la oposición, el alcalde tendrá que devolver a las arcas municipales, entre otras sumas, 100.000 pesetas cobradas, a pesar de tener dedicación exclusiva, por asistencia a plenos y comisiones de gobierno. Navarro percibió otras 150.000 pesetas, sólo en el mes de julio de 1987, por gastos "no realizados", y usó los fondos públicos para su defensa letrada ante la Audiencia Territorial en el recurso sobre la moción de censura.
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