El Gobierno y el PNV se niegan a que Ios líderes sindicales comparezcan en el Congreso

El Gobierno tramitará en marzo un decreto-ley por el que se asignan 200.000 millones de pesetas a los gastos sociales requeridos por el Congreso, que afecta a pensionistas, funcionarios y, parados de larga duración, cuya entrada en vigor se producirá antes del 1 de mayo. El proyecto de ley de huelga será tramitado de manera más lenta, según fuentes parlamentarias del PSOE. La Junta de Portavoces del Congreso, por su parte, rechazó ayer la posibilidad de que los secretarios generales de CC OO y de UGT expliquen a la Cámara su versión sobre las negociaciones con el Gobierno, a lo cual se oponen el PSOE y el PNV.

La decisión de la Junta de Portavoces no será firme hasta su ratificación por la Mesa de la Cámara, que se reunirá la semana próxima, si bien los diversos sectores expresaron ayer sus posturas con, suficiente claridad. El Gobierno y los grupos Socialista y del PNV estiman que el reglamento del Congreso no permite las comparecencias de los líderes sindicales, mientras que el Partido Popular, el Centro Democrático y Social, Euskadiko Ezkerra e Izquierda Unida apoyan esa presencia. Minoría Catalana no asistió a la reunión.Los argumentos de los que estaban a favor se referían a la necesidad de completar la información de la Cámara respecto a un problema que está en la calle, así como reconocer el papel constitucionalmente asignado a los sindicatos. Agustín Rodríguez Sahagún, del CDS, alegó la conveniencia de considerar al Parlamento como un cauce normal para recibir información sindical, mientras que Juan Ramón Calero, representante del Partido Popular, defendió la presencia de los sindicalistas en el Congreso como consecuencia lógica del debate sobre el estado de la nación, que origina la necesidad de un nuevo debate en pleno respecto a las medidas de política social solicitadas por el Congreso.

Calero recordó también que los grupos parlamentarios disponen de información privada respecto a la postura de las centrales. El portavoz socialista, Eduardo Martín Toval, recogió este argumento en el sentido de que si los sindicatos mantienen informados a los grupos de la Cámara, razón de más para no forzar el reglamento del Congreso en un intento de hacer sitio a una comparecencia formal.

A su vez, el ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, se opuso frontalmente a la posibilidad de que los sindicatos puedan comparecer en el Congreso de los Diputados, por razones de política general e incluso de encaje constitucional. El ministro desarrolló la teoría de que el juego parlamentario se establece entre Gobierno y oposición, y la presencia de los sindicatos puede distorsionar el sistema representativo. Esto dio lugar a preguntas de Nicolás Sartorius y de Juan María Bandrés sobre si el ministro considera a los sindicatos como un peligro para la democracia. Zapatero negó haber dicho eso.

El presidente de la Cámara, Félix Pons, intentó resumir después las posiciones y encontrar un punto de equilibrio. A su juicio, era negativo que llegara a la opinión pública el mensaje de que unos grupos quieren cerrar las puertas del Parlamento y otros abrirlas. Nicolás Sartorius opinó que Pons parecía un presidente del Congreso a las órdenes del Gobierno. En total, la discusión de la Junta de Portavoces sobre este tema se prolongó una hora.

Ley de huelga

Finalizada la reunión -que fue "tensa pero no crispada", según uno de los asistentes- el ministro Zapatero se limitó a comentar a los periodistas que hay grupos parlamentarios interesados en utilizar los sindicatos "como martillo con el que golpear al Gobierno", pretensión legítima, según el ministro, "como también es legítimo que tratemos de defender nuestras posiciones como Gobierno".

Según el ministro, los sindica tos representan intereses muy importantes, "pero al fin y al cabo intereses sectoriales", mientras el Parlamento es la representación de la soberanía nacional y atiende a los intereses generales. Agregó que los grupos que solicitan la presencia de Nicolás Redondo y de Antonio Gutiérrez tienen todo el derecho a recibir información de los sindicatos, y de hecho disponen de ella.

Al margen de este asunto, Zapatero informó sobre el envío a las Cortes de un decreto ley antes de que finalice el mes de marzo, destinado a tramitar la reasignación de recursos presupuestarios para gastos sociales. El Ejecutivo prefiere la vía del decreto ley, en vez de un proyecto de ley, porque este último necesitaría cuatro o cinco meses de trámites hasta su entrada en vigor. La Cámara tendrá ocasión de pronunciarse en torno al contenido del decreto ley.

Virgilio Zapatero dijo también que habrá conversaciones con los grupos parlamentarios para elaborar unos proyectos de ley consensuados, tanto para el derecho de huelga como en la regulación del Consejo Económico y Social. El ministro excluyó contactos con los sindicatos en torno a estas materias, porque el Gobierno ya conoce cuales son las posiciones al respecto de CC OO y de la UGT.

El Gobierno dispone de varios borradores respecto a la regulación de la huelga, así como de un proyecto de decreto sobre el Consejo Económico y Social. Este último fue paralizado en noviembre en la Comisión de Subsecretarios y no pasó nunca a la mesa, del Consejo de Ministros. En cuanto a los borradores sobre la ley de huelga, ni siquiera pasaron a la consideración de la Comisión de Subsecretarios. La tramitación de estos proyectos no se hará antes del verano, según fuentes del Grupo Parlamentario Socialista.

El presidente continúa

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, aseguró ayer que el presidente del Gobierno no quiere dejar su cargo "y nunca ha hecho esa reflexión de dejar la política", según declaraciones a la cadena de emisoras COPE.

La ministra valoró las intervenciones de Miguel Herrero -"un discurso liberal conservador muy correcto"- y de Nicolás Sartorius -"defendió sus posiciones bastante bien"- como lo más destacado, a su juicio, de los discursos pronunciados por la oposición.