El Parlamento aprueba repartir casi 200.000 millones para gastos sociales

El Gobierno enviará al Congreso un conjunto de medidas para mejorar la atención a funcionarios, pensionistas y parados de larga duración según aprobó ayer la Cámara, con el apoyo del Grupo Socialista, el Popular y varias fuerzas nacionalistas. El Ejecutivo hará también un esfuerzo por aproximar las pensiones al salario mínimo y por compensar a funcionarios y pensionistas por la pérdida de poder adquisitivo a causa de la inflación. El conjunto de medidas supone un desembolso próximo a los 200.000 millones de pesetas, de acuerdo con las últimas evaluaciones del propio Gobierno.

El ministro de Trabajo, Manuel Chaves, señaló, no obstante, que aún es pronto para cuantificar el gasto que significarán las tres medidas. Si el Ejecutivo desarrolla estas iniciativas de acuerdo con sus últimas propuestas en la mesa de negociación con las centrales, la compensación a funcionarlos y pensionistas por el desvío de la inflación prevista en 1988 supondría unos 35.000 millones de pesetas. Según estos mismos cálculos, la ampliación de la cobertura a los colectivos de parados de larga duración se situaría entre los 60.000 y los 96.000 millones, y la equiparación durante esta legislatura de la pensión mínima al salario mínimo se elevaría a 62.000 millones.Junto a estas medidas, el Gobierno y el Grupo Socialista apoyan una propuesta del Partido Popular para tramitar un proyecto de ley de regulación del derecho de huelga y otro de creación del Consejo Económico y Social, según las resoluciones aprobadas ayer como conclusión del debate sobre el estado de la nación.

La mayoría socialista dejó claro su deseo de alejarse de todas las iniciativas presentadas por el CDS e IU, grupos que mantuvieron las propuestas realizadas por los sindicatos durante su fracasada negociación con el Ejecutivo. Los socialistas votaron expresamente en contra de las iniciativas de centristas y comunistas para que el Gobierno reanude el diálogo con las centrales. Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno, consideró "una majadería" la interpretación de que el Ejecutivo busca refugio en la derecha, realizada, entre otros, por diputados comunistas.

La segunda y última jornada del debate registró un duro enfrentamiento entre el portavoz de IU, Nicolás Sartorius, y el presidente del Gobierno.

Por su parte, Comisiones Obreras anunció que se opondrá, con todos los medios de presión a su alcance, a una ley de huelga, y que responderá con contundencia si el Gobierno "saca del cajón" el Plan de Empleo Juvenil o una nueva versión del mismo. Antonio Gutiérrez, secretario general de CC OO, responsabilizó al Gobierno de "lo que pueda ocurrir a partir de ahora y del nuevo proceso de conflictividad", y dijo que "el Ejecutivo, desde la huelga, no ha querido negociar, sino ver cómo devuelve a los sindicatos el golpe recibido".

El secretario general de UGT, Nicolás Redondo, lanzó también duros ataques contra el Ejecutivo y afirmó: "Felipe González quiere que firmemos la paz social, pero eso no sirve de nada si no cambia la política social".

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