Un mes de presidencia

EN LA Comunidad Europea, las presidencias semestrales de cada país no son hechos aislados que puedan ser enjuiciados por separado. Por el contrario, forman parte de una dinámica global: los temas que deben resolverse o empujarse no nacen, se impulsan y mueren con cada período presidencial, sino que, agregados a la agenda comunitaria de forma paulatina, maduran o se estrellan a lo largo de años. Con mayor o menor reticencia, hay en cada uno de los países que componen la CE la clara visión de que nuestro destino final como socios es acabar siendo europeos sin más calificativos nacionales. El fracaso de uno no es del conjunto, lo mismo que el éxito.El mandato de España, el último llegado al club, tiene la dificultad añadida de que se ros supone poco curtidos en los vericuetos de la burocracia y de la política comunitarias. Es natural, se dice, que la primera presidencia española carezca, por tanto, de espectacularidad o de avances significativos. Por todos estos motivos, no parecería razonable erripezar a juzgar una presidencia semestral a los 40 días de inaugurarse si no fuera porque es preciso consignar el ahínco puesto por todo un equipo de gobierno en combinar el pragmatismo del funcionario con el ideal del europeo, aun a sabiendas de que la ambición está, en estas li-' des, a un paso del ridículo. Y hay que constatar que, en algún momento, este riesgo ha planeado demasiado peligrosamente. El discurso programático del ministro español de Asuntos Exteriores ante el Parlamento Europeo fue excesivamente vago y tal vez incautamente ambicioso. Por su parte, el Gobierno se ha movido' entre el optimismo de esperar conseguir grandes avances y el susto de que, a lo peor, se retrocedería. En el tema de la pacificación de Oriente Próximo, por ejemplo, Madrid empezó sugiriendo hace algunos meses que preparaba alguna iniciativa espectacular, para acabar confesando que no debe esperarse mejora alguna de la situación. Son las novatadas que se pagan. La troika informará pasado mañana al Consejo, reunido en Madrid, del poco éxito de sus gestiones en el área.

En los 40 días transcurridos se han celebrado dos Consejos de Ministros, con resultados más que apreciables. Uno, de asuntos generales, en el que se consiguió aparcar la célebre guerra de las hormonas con EE UU, y otro, de agricultura, en el que el ministro Romero ha despejado gran parte del paquete agrícola comunitario, dejándose solamente el espinoso asunto de la fijación de los precios, con el que, tragando saliva, deberá enfrentarse en abril. Puede que para entonces, además, haya llovido en el campo. El grueso de los trabajos empezará a finales de este mes de febrero y ocupará los tres siguientes. Poco podrá esperarse del último, más centrado en la campaña electoral para el Parlamento Europeo. Es pronto, por tanto, para predecir cuál será el ritmo de trabajo y de resolución de astintos pendientes. Tampoco puede aventurarse la influencia de las tensiones políticas y sindicales internas de España en la eficacia de sus trabajos como presidente comunitario, ni la incidencia del deseo más o menos intenso de la Administración francesa de acaparar triunfos al recibir de la española en julio el testigo presidencial (aunque de ahí a resucitar, como lo ha hecho el ministro de Trabajo, las viejas acusaciones francófobas de chovinismo hay un trecho que no debería haber sido salvado). Es también prematuro resentirse de la poca operancia de la Comisión en Bruselas en temas tales como los asuntos sociales -en los que no se producirá avance alguno-; quiere la mala suerte que, recién renovada, no haya tenido tiempo verdadero de hacer propuestas razonables.

Si algo puede predicarse de esta presidencia espaficila es su preocupación por el ciudadano europeo. Podría ser que el Consejo de Madrid tuviera como logro más señalado algún avance en este campo. Aunque las conquistas son bien dificiles, la Administración española está siendo muy activa en las cuestiones de la eliminación de fronteras entre siete u ocho países comunitarios antes de 1992 y en los temas de residencia y derechos de voto activo y pasivo. Una aspiración inteligente y progresiva, que puede ser la mejor demostración del espíritu europeo de España.