La acusación popular no descarta que los GAL fuesen financiados por el Estado

Fernando Salas y José Luis Galán, abogados que ejercen la acción popular en el sumario de los GAL, afirmaron ayer, en su escrito de alegaciones sobre la investigación de los fondos reservados del Ministerio del Interior, que no puede descartarse la hipótesis de que los GAL hayan sido financiados directamente por el Estado a través de los gastos reservados. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que tramita el sumario, señaló recientemente en una propuesta que podía descartarse la financiación directa de los GAL por Interior y que trabajaba en la hipótesis de que una persona hubiese desviado parte de los fondos reservados para las actividades del grupo anti-ETA.Los letrados solicitan que se investigue la información publicada por este periódico respecto a que Interior dispone de una contabilidad pormenorizada de los gastos efectuados con fondos reservados, lo que contradice las manifestaciones hechas ante el juez por varios de los testigos, entre los que figura el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado. Los abogados de la acusación popular piden que Interior aclare si existen recibos, justificantes, o reseñas documentales sobre el uso dado a los fondos reservados.

Los abogados solicitan para ello la comparecencia de Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad; Luis Bernaldo de Quirós, cuñado del anterior y responsable del gabinete encargado de la distribución de las partidas de fondos reservados; Antonio Mínguez, funcionario de policía del citado gabinete, y Jesús Martínez Torres, comisario general de Información.

En el escrito, Salas y Galán se oponen a que se decrete el secreto de las actuaciones porque el tema sea "delicado". La investigación no puede verse afectada por la ley de Secretos del Estado, ya que no se plantea un daño o riesgo para la seguridad.

No es admisible, agrega el texto, que "amparándose en la idea de que estamos en presencia de un tema dificil y espinoso, se realizara la investigación en un contexto de secretismo y ocultismo, que vaciara de contenido a la misma o que impidiera la exigencia de responsabilidades para aquellas personas, funcionarios o no, pero que pudieran aparecer implicadas".

La acusación hace suya la propuesta de investigación del juez y la amplía al origen de dos partidas, de 3,5 y 3 millones de pesetas, respectivamente, que el subcomisario José Amedo ingresó en su cuenta del Banesto. De la primera de las entregas, Amedo transfirió 1,8 millones al inspector Michel Domínguez. Los abogados piden que se realicen nuevas declaraciones sumariales de todos los superiores jerárquicos de Amedo y Domínguez.