El Gobierno levanta la prohibición de armas a Irán e Irak al haber concluido la guerra

El Consejo de Ministros ha levantado la prohibición de vender armas españolas a Irán e Irak, según informan fuentes oficiales, una vez que ambos países iniciaron el pasado verano un alto el fuego que se ha mantenido hasta ahora. U medida coincide con el hecho de que varias empresas españolas de armas, algunas de propiedad pública, han sido obligadas por Irán a pagar más de 1.800 millones de pesetas en concepto de garantías ejecutadas porque incumplieron a partir de mayo de 1986 contratos con Teherán debido a la prohibición española de vender armas a Irán a través de Libia.

La junta interministerial reguladora del comercio exterior de armas y explosivos ya analizó, en su última reunión del pasado mes de enero, una solicitud para vender armas españolas a Irán y, según las fuentes consultadas, es muy probable que se conceda la autorización. A partir de esa reunión, las peticiones para exportar material bélico a Irán e Irak se estudiarán de acuerdo con los criterios técnicos habituales por tratarse de países que ya no están en la lista negra.Para las fuentes oficiales consultadas, la única razón por la que se prohibió vender armas a Irán e Irak fue que estaban en guerra. La guerra se inició en septiembre de 1980, pero transcurrieron varios meses más hasta que España decidió prohibir la exportación de armas a ambos países. Sin embargo, los suministros españoles continuaron llegando a través de países intermediarios. Jordania se convirtió en el principal país intermediario para Irak y Libia o Siria para Irán.

La vía libia

En 1983, varias firmas españolas se comprometieron a suministrar a Irán, vía Libia, importantes suministros de armas a lo largo de los tres años siguientes. En abril de 1986, EE UU bombardea Trípoli y, días después, los países de la CE acuerdan prohibir la venta de material bélico al régimen de Gaddafi. La citada junta interministerial acuerda entonces prorrogar la concesión de licencias -Para dar tiempo a cumplir los contratos con Irán- sólo hasta diciembre de ese año y advierte que no autorizará más exportaciones a Libia a partir de enero de 1987.

Fuentes próximas a la junta han indicado que, sin embargo, en la siguiente reunión, que se celebró el 26 de mayo de 1986, rectificó el citado acuerdo y r decidió no conceder ni una ciencia más para Libia.

En esos momentos, varias firmas españolas tenían pendiente entregas de material bélico a Irán por valor de unos 8.000 millones de pesetas. Los contratos correspondientes habían sido avaladados por diversos bancos, nacionales y extranjeros, y estaban previstas penalizaciones contra las empresas en el caso de no cumplir sus compromisos.

El año pasado, según reconocen algunos afectados y fuentes gubernamentales, Irán ejecutó las garantías bancarias y las empresas han sido obligadas a materializar los pagos. La firma más perjudicada ha sido el Grupo Auxiliar Metalúrgico, SA (Gamesa), con sede en Vitoria, que está obligado a pagar alrededor de mil millones de pesetas.

Firmas públicas

Entre el grupo de perjudicados también figura también alguna firma pública, como es el caso le la empresa Santa Bárbara, que está integrada en el Instituto Nacional de Industria (INI) que ya ha sufragado varios centenares de millones de pesetas por los incumplimientos de contratos.

Además de estos perjuicios econónomicos, las empresas españolas afectadas experimentan otro año añadido. Ello es de ido que entre mayo de 1986 el filial de la guerra Irán lo cazó otros mercados alternativos, sobre todo en la República Popular China y en Grecia, por lo que las firmas españolas que son habituales suministrado a material bélico a Teherán no pueden recuperar fácilmente en la actualidad el mercado que han perdido.