Un ingeniero denuncia a 10 magistrados de Barcelona por trato de favor a la Generalitat
Juan José Moll de Miguel, ingeniero barcelonés, ha presentado ante el pleno del Tribunal Supremo recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que desestimó su pretensión contra 10 magistrados de la Audiencia Territorial de Barcelona, a los que acusa de trato de favor a la Generalitat.
Moll impugna la pasividad de la sala de gobierno de dicha audiencia ante la recusación de 10 magistradors e Insiste en que éstos incurrieran en prevaricación. Inicialmente contratado por el Consorcio de Aguas de Tarragona, tras dentinciar la proyectada utilización de las aguas de refrigeración de los circuitos nucleares de los dos grupos de la central de Ascó para uso humano e industrial, Moll atribuyó a su actitud crítica hacia el minitrasvase los sucesivos expedientes de que fue objeto y su exclusión por la Generalitat de diversos cometidos en la futición pública autonómica. En consecuencia, presentó más de 150 recursos contra las decisiones administrativas que consideró discriminatorias.Los seis magistrados de la Sala Tercera de lo Contenciosoadministrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, a la que correspondió entender de los recursos, fueron recusados por Moll. Cuando se abstuvieron y los pleitos fueron trasladados a la sala segunda, recusó a cuatro de sus rnagistrados.
"Desviación de poder"
Moll pidió la nulidad de actuaciones, pero la sala de gobierno de la audiencia continuó remitiendo sus recursos a la sala segunda. Recurrió ante el CGPJ, cuyo pleno desestimó el recurso el 1 de diciembre de 1988. El pasado 30 de enero, Moll recurrió ante el pleno del Tribunal Supremo, por entender que los acuerdos impagnados violan sus "derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y de acceso a la jurisdicción contenciosa" y constituyen, dice, "desviación de poder". Pide al pleno del alto tribunal que declare nulas las actuaciones jurisdiccionales y gubernativas, las retrotraiga al instante anterior a las mismas y remita los 150 recursos pendientes a . una sala independiente". Asimismo, Moll pide al pleno del Supremo,que decida sobre la existencia de cuestiones prejudiciales penales contra los 10 magistrados recusados y le propone que plantee cuestiones de inconstitucionalidad contra las leyes autonómicas 18/1981, sobre actuaciones hidráulicas en Tarragona, y la 17/1985, sobre función pública de la Generalitat.
