El Gobierno de Estados Unidos quiere imponer una tasa a los depósitos de las cajas de ahorro

La idea de imponer una tasa sobre los depósitos en las cajas de ahorro norteamericanas, para sanear este sector quebrado, ha provocado una tormenta política en Washington, donde se acusa a George Bush de perseguir una subida de impuestos disfrazada, rompiendo sus compromisos electorales. Pero algo tiene que hacer la nueva Administración para enfrentarse al agujero, calculado en 100.000 millones de dólares, creado por la insolvencia de una tercera parte de las 3.000 cajas de ahorro del país.

Al secretario del Tesoro, Nicholas Brady, que ha afirmado que éste es "el mayor problema financiero al que se enfrenta ElE UU" después del déficit presupuestario, se le ha ocurrido la idea de que cada depositante pague 25 centavos de dólar por cada 100 dólares de depósito, a cambio de que el Gobierno federal sanee las cajas y garantice el dinero de los ahorradores. "Si era un globo sonda, ha caído pinchado como el dirigible Hindenburg", ha respondido el Congreso, creando a Bush la primera crisis de su recién estrenada presidencia.

Idea estúpida

La idea ha sido calificada de "muy estúpida" y ha provocado el pánico en el público, que ha comenzado en algunos casos a retirar sus depósitos de las instituciones de ahorro. El presidente ha tenido que afirmar, en su primera conferencia de prensa, que las cuentas de ahorro son seguras y están garantizadas por el Estado.La Administración ha dado parcialmente marcha atrás y asegura que sólo se trata de una de las "varias opciones" estudiadas para enfrentarse con un problema que, por la inyección masiva de fondos públicos que necesita, puede dejar a Bush sin margen de maniobra presupuestario para cumplir ni siquiera sus mínimas promesas de más gasto público en cuestiones sociales.

Los hombres del presidente están haciendo malabarismos para explicar que la eventual tasa no sería un nuevo impuesto, sino una prima de seguro que el público pagaría por tener garantizada la recuperación de sus ahorros. En los últimos años, la mala gestión, el fraude, los excesivos riesgos con préstamos imprudentes, la caída del precio del petróleo, los altos tipos de interés y la generosa desregulación del reaganismo han situado a 500 cajas de ahorro como técnicamente insolventes.

Otras tantas están al borde del abismo y, hasta ayer, 220 habían sido rescatadas por el dinero del contribuyente, a un coste de 38.000 millones de dólares.

En algunos casos, el Gobierno federal -en una operación similar a la del saneamiento bancario en España, que ha sido bastante criticada -ha ayudado a bancos y otras cajas a quedarse, con dinero público, con las instituciones en crisis. Pero el agujero es mucho mayor del que se preveía, y finalmente serán los contribuyentes, de una manera u otra, quienes pagarán los platos rotos.

El Gobierno, a través de la agencia federal que regula las cajas, la Federal Home Loan Bank Board, va a demandar a tres ¡mportantes auditorías privadas acusándoles de no haber encontrado a tiempo los problemas de fraude y mala gestión en las cajas y haber contribuido así a su insolvencia.

Esta idea es como lo de los tostadores de pan, pero al revés, dicen los críticos de la tasa considerada por el Tesoro, refiriéndose a que serán los ahorradores los que pongan el regalo en la ins titución por depositar allí sus ahorros, y no al contrario.