Un buen alimento para el Cabildo

La importancia de que las autoridades canarias hayan bloqueado la rebaja del arbitrio reclamada por la CE viene dada por dos hechos fundamentales: la mayor parte de las importaciones del Archipiélago proceden de países comunitarios; y las arcas de los cabildos -instituciones de gobierno de cada isla- se nutren en un 60% de las recaudaciones fiscales sobre entrada de mercancías y lujo, que el pasado año alcanzaron los 30.000 millones de pesetas.El Gobierno canario se mantiene en su negativa a aplicar el desarme arancelario (disminución del arbitrio de entrada de mercancias, impuesto propio) a las importaciones procedentes de la Comunidad Europea (CE) hasta que el Gobierno central no se comprometa formalmente a compensar a los cabildos, que atraviesan una difícil situación a causa de la pérdida de ingresos por este concepto recaudatorio. Esta ha sido la respuesta que el presidente del ejecutivo regional, Lorenzo Olarte Cullen, del CDS, ha transmitido estos días al ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, quien había instado por escrito a la Administración autonómica a cumplir con dicha obligación. Ante la polémica, el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, anuncia su visita al Archipiélago para mediados de febrero.

Las relaciones entre la comunidad autónoma y el Gobierno central atraviesan un momento difícil por el contencioso comunitario, coincidiendo con la presidencia española del Consejo de Ministros de la CE.

Indemnización

En opinión del Gobierno canario, según una nota oficial, sería inconstitucional y antiestatutario continuar ejecutando el descreste arancelario sin recibir a cambio una indemnización compensatoria de la Administración central. "El Gobierno canario cumplió en enero de 1988 al reducir unilateralmente el arbitrio en la proporción anual prevista, porque el Estado había recogido en sus presupuestos generales el compromiso de cubrir el déficit correspondiente", declaró ayer a este periódico el consejero de Hacienda, José Miguel González. "Como no lo hizo a su debido tiempo", agregó, "las cosas han cambiado. Nosotros no vamos a seguir con el desarme; que lo haga Madrid que es el que tiene competencias para modificr la ordenanza. Nuestra única responsabilidad es cobrar".

En los dos primeros años tras el ingreso en la CE, el Gobierno canario, presidido por el socialista Jerónimo Saavedra, aplicó motu proprio la reducción del tributo, lo que se convirtió en costumbre e hizo que en 1988 el nuevo gabinete (una coalición de centro-derecha y nacionalista) actuara en la misma línea.

El conflicto se ha desatado en enero de 1989, el mismo día en que España ocupaba la presidencia de la CE, al introducir una nueva dinámica el nuevo Gobierno de Lorenzo Olarte, salido de una crisis política.

El golpe de efecto del político centrista dio pie a una dura polémica entre el Gobierno autónomo y los socialistas (principal fuerza de oposición).