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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El fracaso de todos

CADA VEZ parece más evidente que las dificultades que encuentran el Gobierno y los sindicatos para llegar a un acuerdo son consecuencia del carácter contrapuesto de las lógicas con que unos y otros abordan el problema. El Ejecutivo ha planteado el asunto como si de un gran convenio colectivo se tratase, con todas sus consecuencias. Ello supone un avance sustancial respecto a su actitud antes del 14 de diciembre, cuando pretendía no tanto pactar como convencer a sus interlocutores de que le asistía la razón. Los sindicatos, por su parte, actúan como si lo que estuviera en cuestión fuera el pago de una deuda contraída por el Gobierno el día de la huelga general, o, dicho de otro modo, parecen querer hacer del 14-D algo parecido a una ley. Ello supone determinar por adelantado el resultado de una negociación, algo contra lo que luchaban antes. El Gobierno es responsable de haber dejado que la situación se deteriorase hasta el punto de provocar un paro general. Pero los sindicatos, que supieron resistir a presiones diversas en una situación adversa, pueden fracasar a la hora de asimilar y administrar su éxito. Así las cosas, podría pensarse que no ha habido triunfo alguno, sino fracaso de todos.El margen del Gobierno es estrecho, y la coyuntura no conduce a ampliarlo; la elevación de los precios del año pasado (un 5,8%) es un ejemplo de que los desequilibrios estructurales de la economía no están vencidos del todo y hay que ser prudentes antes de lanzar las campanas al vuelo. El Ejecutivo no puede aceptar el principio de que tiene que pagar una factura, porque estaría legitimando retrospectivamente no sólo la huelga del 14-D sino su interpretación -abusiva- como pronunciamiento masivo de la población en contra del Gobierno emanado de las urnas.

El bloqueo sólo puede romperse si ambas partes deciden dejar de trampear con las palabras (y, de paso, con las cifras). Es decir, si aceptan el principio de mutuo reconocimiento y renuncian a la deslegitimación recíproca. El Gobierno ha hecho cesiones importantes sin duda porque entiende que en una sociedad plural y compleja los sindicatos no son el equivalente a una sociedad filatélica, sino un elemento sustancial del juego de equilibrios que caracteriza al sistema democrático. La tradición de unidad entre el PSOE y UGT no es casual, y es lógico que los socialistas quieran ser fieles, pese a lo adverso de las circunstancias, a esta tradición. Las centrales, por su parte, deben demostrar con los hechos que sus reivindicaciones son efectivamente sindicales y no piezas orientadas a forzar una especie de permanente segunda vuelta electoral o a vetar el derecho del Gobierno legítimo a definir las prioridades.

Las desconfianzas mutuas están haciendo olvidar a ambas partes que un fracaso en la concertación significaría una derrota tanto para el Gobierno sócialista y su proyecto como para las aspiraciones de los sindicatos de clase. Por una parte, no es cierto que el PSOE pueda resistir y mantener su proyecto (mediante el simple expediente de apelar directamente a la población prescindiendo de mediaciones) en un clima de confrontación permanente con los sindicatos. Por otra, el argumento según el cual ningún riesgo derivaría para los sindicatos de un eventual triunfo electoral del centro-derecha -porque en cualquier caso no iban a hacer una política económica más conservadora que la actual- resulta pueril.

Los últimos dos días de reuniones han aportado posiciones mucho más flexibles del Gobierno y algo más flexibles de los sindicatos. La oferta hecha por Manuel Chaves, ministro de Trabajo, no debería caer en saco roto. Es posible que, con acuerdo o sin él, el Gobierno, necesitado de gestos políticos que devuelvan el color a sus despintados estandartes, decida invertir las cantidades puestas sobre la mesa en iniciativas no muy diferentes a las propuestas por los sindicatos, aunque seguramente no con acuerdo a idénticas prioridades. Pero la diferencia de que haya o no acuerdo es que en un caso las centrales habrán demostrado su capacidad para la negociación, acreditándose como factor imprescindible para el avance social, mientras que en el otro se verán empujadas a una estrategia de desbordamiento en la que es casi seguro que se verán sobrepasadas.

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