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Mandos militares deciden recurrir contra la obligación de pasar a la reserva a los 32 años de servicio

Carlos Yárnoz

Cualificados mandos del Ejército, varios de ellos destinados en el Cuartel General, han iniciado los trabajos para presentar recurso de inconstitucionalidad contra la ley de la Función Militar, cuyo proyecto será analizado hoy por el Consejo de Ministros, según informan varios de los afectados. La ley fija criterios totalmente nuevos para decidir ascensos y destinos, de modo que la valía profesional tenga más peso en la carrera que la simple antigüedad. El malestar se centra en que el proyecto señala que los militares no seleccionados para los empleos más altos deben ir a la reserva cuando pasen 32 años en activo.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Miguel Iñiguez del Moral, ha transmitido al titular de Defensa, Narcís Serra, el malestar existente en un amplio grupo de militares, s ' egún altas fuentes castrenses. El propio Iñiguez tiene previsto explicar el contenido y consecuencias de la futura ley a numerosos mandos intermedios, para que éstos a su vez lo transmitan a los jefes, oficiales y suboficiales.En opinión de mandos descontentos, la obligación de que los militares tengan que abandonar los ejércitos a los 32 de años de servicio -salvo que hayan llegado a los empleos más altos en sus respectivas escalas- puede suponer una discriminación por edad, hecho que infringiría la Constitución.

Como término medio, un militar de la que será la Escala Superior -con empleos de teniente a teniente general- abandona la academia militar a los 23 o 24 años. Por tanto, y si no ascendiera a general, tendría que pasar a la reserva a los 55 o 56 años. La legislación hoy vigente fija en 58 años la edad de pase a la reserva para quienes no asciendan a los empleos más altos. En medios del Ministerio de Defensa, que reconocen la existencia del malestar entre numerosos militares, recuerdan que otros recursos similares contra normativas semejantes no llegaron a prosperar.

El proyecto que hoy estudiará el Consejo de Ministros señala que en los ejércitos habrá tres escalas: superiores (desde teniente a teniente general), medias (desde alférez a teniente coronel) y básicas (desde sargento a Suboficial Mayor, empleo de nueva creación).

Con la nueva ley, los destinos militares serán fijados por libre designación, por concurso de méritos o por antigüedad en el escalafón. Los destinos de generales, como ahora, serán siempre por libre designación del ministro, que puede delegar en el subsecretario o en el jefe de cada ejército. Los de coronel serán fijados por libre designación o por concurso de méritos. El resto, por cualquiera de las tres vías.

Ascensos por selección

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En cuanto a los ascensos, se determinarán también por tres vías diferentes: elección ("de acuerdo con los méritos y aptitudes"), selección (según las clasificaciones que se realicen) y antigüedad. Por elección se ascenderá a general en las escalas superiores, a teniente coronel en las medias y a subfoficial mayor en las básicas. Por selección, se ascenderá a coronel y teniente coronel en la superiores, a comandante en las medias y a subteniente en las básicas.

Además, los aspirantes al ascenso de determinados empleos (como general de brigada o comandante en las superiores) deberán superar previamerite un curso de capacitación, para el que habrá una convocatoria limitada.

Todos los militares serán evaluados anualmente a la vista de su historial, informes de sus jefes y otros documentos. Conocidos los resultados, el ministro puede declarar no apto para el ascenso a algún militar. Si al año siguiente vuelve a ser declarado no apto, el afectado ya sólo podrá permanecer en los ejércitos cuatro años más.

El proyecto de ley también fija las bases de lo que será la reforma de la enseñanza militar, que quedará integrada en el sistema educativo general. Así, el título de enseñanza militar de primer grado o de escalas básicas corresponderá al de técnico especialista en la vida civil, y el de tercer grado o de escalas superiores al de licenciado.

En este terreno, se indica que profesores civiles podrán impartir clases como contratados en las academias militares, mientras que los cadetes podrán cursar asignaturas en la Universidad. "Todos los militares de carrera tienen el derecho y el deber de perfeccionarse profesionalmente", se indica en ese capítulo del proyecto.

Otras innovaciones se refieren a que la mujer en los ejércitos no podrá ser objeto de discrirninación alguna, a la futura extinción del llamado Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria (hoy compuesto por unas 25.000 personas) y a la fijación de ocho años como período máximo de permanencia en los ejércitos de los militares de complemento, que pasan a llamarse "militares de empleo".

Con estos nuevos criterios, son muchos los militares que ven dificil o imposible alcanzar los empleos que con la legislación actual podían tener. Hoy llega a general, como término medio, un 10% de cada promoción, y el porcentaje puede bajar en los próximos años. Por tanto, más de un 90% de los militares de las escalas superiores (los procedentes hoy de la Academia General Militar) tendrán que pasar a la reserva a los 55 o 56años.

El proyecto señala que entrará en vigor en enero de 1990, pero está prevista una etapa de transición de al menos dos años hasta su aplicación real. En el primer período de aplicación de la ley, los militares que no vayan a ascender a los grados más altos pasarán a la reserva tras permanecer 34 años de servicio.

El tiempo medio de permanencia en cada empleo será el siguiente. En las escalas superiores, cuatro años de teniente, ocho de capitán, ocho de comandante, siete de teniente coronel y cinco de coronel (de general se podrá estar un máximo de 10 años). En las escalas medias, cinco años de alférez, diez de teniente, diez de capitán y siete de comandante (de teniente coronel, seis años como máximo). Y en las escalas básicas, ocho de sargento, siete de sargento primero, nueve de brigada y 8 de subteniente (como suboficial mayor, seis años como máximo).

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Sobre la firma

Carlos Yárnoz
Llegó a EL PAÍS en 1983 y ha sido jefe de Política, subdirector, corresponsal en Bruselas y París y Defensor del lector entre 2019 y 2023. El periodismo y Europa son sus prioridades. Como es periodista, siempre ha defendido a los lectores.

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