Policías chilenos, acusados de "suicidar" a presuntos guerrilleros

Un tribunal de apelación de Santiago de Chile ha ordenado la detención y procesamiento de varios oficiales de la policía por el homicidio de tres presuntos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), acción tratada luego de encubrir disfrazándola de suicidio.¿Pueden tres personas que custodian un arsenal y una clínica clandestina de un grupo guerrillero preferir el suicidio al enfrentamiento cuando van a ser detenidos por la policía? ¿Es creíble que una mujer, Margarita Martín, se suicide; su hermana María Paz mate a Isidro Salinas, hijo de Margarita, y después se dispare en el pecho y finalmente en la sien para acabar con su vida? Ésta fue la versión oficial, hoy triturada por la justicia, para explicar la muerte de los tres presuntos militantes del FPMR en la madrugada del 2 de junio de 1986, cuando comenzaba una huelga general organizada por la oposición.

Tras dos años y medio de investigación, un tribunal de apelación de Santiago ordenó procesar y detener como presuntos autores de los tres homicidios al teniente Sergio Gajardo y al sargento Ricardo Luna, y como encubridor, al teniente coronel de Carabineros y alto jefe policial de la capital Augusto Sobarzo. Gajardo y Luna pertenecen al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), la unidad antiterrorista de carabineros. El ex jefe del GOPE Julio Benimelis no pudo ser procesado porque hace un año murió en un atentado con explosivos.

Pruebas técnicas

La resolución judicial no extrañó, sin embargo, a la abogada querellante Pamela Pereira, hija de un detenido desaparecido. Pereira exigió y obtuvo las pruebas técnicas para probar la responsabilidad de los carabineros. La exhumación de los cadáveres reveló la inexistencia de huellas de pólvora en las manos de la víctimas. Los tres cadáveres tenían cinco impactos de bala, pero el arma supuestamente utilizada en los suicidios había hecho sólo cuatro disparos. La hora de las muertes coincidía con la presencia de carabineros en la casa allanada. Se pudo determinar también que el lugar de los hechos fue alterado.

El montaje, no siempre burdo, de falsos enfrentamientos ha sido una de las formas de exterminio de miembros de la oposición, según afirman las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Según Berta Ugarte, presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, hay "800 querellas criminales, con nombre de los responsables, fechas, hechos, en que los culpables han sido amnistiados o sobreseídos".