Javier Rupérez no reconoció en el juicio a sus presuntos secuestradores
El presidente de la Democracia Cristiana, Javier Rupérez, asistió ayer a la Audiencia Nacional, donde declaró como testigo en el juicio contra los presuntos miembros de la organización terrorista ETA Luis María Alcorta y Arnaldo Otaegui, que están acusados de haber secuestrado al entonces diputado de la UCD en noviembre de 1979. Javier Rupérez afirmó ayer que las personas que le secuestraron eran de complexión robusta, pero no pudo asegurar si los procesados habían participado o no en la operación.
El fiscal, que solicita para Alcorta y Otaegui penas que totalizan 29 años de reclusión, señaló en su escrito de conclusiones que en septiembre de 1979, dirigentes de ETA Político-militar ordenaron a Françoise Marhuenda -etarra ya condenada en 1981 por su participación- que vigilara las costumbres de Rupérez y que se pusiera en contacto con los miembros del comando Kalimotxo para secuestrar al diputado.
La operación se efectuó el 11 de noviembre de 1979 cuando Rupérez se montaba en su coche, que había dejado aparcado junto a su domicilio en el plaza de la Morería de Madrid. Alcorta y Otaegui encañonaron al político y lo trasladaron a la Casa de Campo, donde cambiaron de vehículo y administraron a Rupérez varios somníferos. Finalmente, fue conducido a un chalé de la localidad de Hoyo de Pinares (Avila), propiedad de Begoña Aurteneche (también condenada), donde permaneció secuestrado durante un mes, hasta que fue liberado en las proximidades de Burgos.
Negar todo
Alcorta y Otaegui, que fueron entregados por las autoridades francesas en 1987 por el procedimiento de urgencia absoluta, negaron pertenecer a ETA y haber tenido relación con el secuestro de Rupérez.Sin embargo, en el sumario figuran las declaraciones de las dos condenadas, Francoise Marhuenda y Begoña Aurteneche, que reconocieron a los dos presuntos miembros de ETA como los miembros del comando Kalimotxo que participaron en la acción. También figuran las manifestaciones de uno de los jefes de los polimilis, Alcocer Gabaldón, Zapatones, quien precisó que Gordo y Bigotes, apodos con los que se conoce a Otaegui y Alcorta, habían intervenido en el secuestro del entonces diputado de la UCD.
El fiscal insistió en que los hechos fueron claros y que existen las mismas pruebas contra los dos acusados que las que sirvieron en 1981 para condenar a Françoise Marhuenda y Begoña Aurteneche.
El defensor de los presuntos etarras, Iñaki Esnaola, pidió la absolución por falta de pruebas por considerar que el fiscal si quería esgrimir las declaraciones de Alcocer Gabaldón y de las dos condenadas tenía que haberlos citado a declarar, ya que actualmente se encuentran en libertad y perfectamente localizables en el País Vasco.
