Felipe González lleva al Congreso la batalla frente a los sindicatos

El presidente del Gobierno, Felipe González, tiene la intención de plantear en el Congreso de los Diputados sus diferencias con los sindicatos mayoritarios, puestas de manifiesto en el fracaso del diálogo mantenido el miércoles en el palacio de la Moncloa. El Ejecutivo pretende que los grupos parlamentarios se pronuncien al respecto y, eventualmente, recabar el apoyo de algunos de ellos en el pulso que mantiene frente a Comisiones Obreras y UGT. Las diferencias que separan a Gobierno y centrales se evalúan en unos 400.000 millones de pesetas.

Con esta batalla de opinión pública, Felipe González intenta reconstruir el consenso en torno a la política económica y social de su Gobierno, enfrentándola con los líderes sindicales, antes de abordar unos comicios para los que no tiene inmovilizado a su propio electorado.En previsión de que las tensiones crispen al país, González y su equipo están dispuestos a presentarse como los representantes del orden y de la racionalidad, en busca de nuevos apoyos entre los electores moderados. Uno de los ministros de mayor confianza de Felipe González y dos miembros de la ejecutiva del PSOE afirmaron ayer que el presidente no muestra en estos momentos intención alguna de renunciar a su puesto o de anticipar las elecciones. González va a empeñarse en la pugna con los sindicatos, anticipado por la ejecutiva del PSOE en su informe al Comité Federal -máximo órgano entre congresos-, que se reúne hoy en Madrid. Las mismas fuentes desmienten que Felipe González haya planteado ahora su propio relevo en la ejecutiva del partido -en contra de abundantes rumores-, y atribuyen sus palabras del miércoles -"prefiero irme a mi casa antes que quedar al pairo de opiniones que no se sabe adónde van "más a la voluntad de lanzar el debate público sobre los sindicatos que a una voluntad de renuncia.

La reunión del miércoles en la Moncloa y las severas declaraciones realizadas después por los principales actores -Felipe González, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez- han reflejado que las partes enfrentadas no consideran posible un acuerdo.

El nuevo intento de concertación social emprendido por el Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO parte con unas diferencias iniciales evaluadas en 400.000 millones de pesetas. De los cuatro puntos en discusión, tan sólo hay principio de acuerdo en el reconocimiento al derecho a la negociación colectiva de los funcionarios. Las discrepancias parecen insalvables en el incremento a la cobertura del desempleo y en la compensación del poder de compra perdido por pensionistas y funcionarios.

El proceso de concertación coincide con la discusión de los convenios colectivos que afectan a seis millones de trabajadores, en los que UGT, que ha fijado su propia previsión de inflación en el 4,5%, ha decidido reclamar un incremento salarial del 7%.

El plazo dado por González para terminar la negociación -los últimos días de este mes- no tiene por objeto convocar de inmediato elecciones legislativas, sino impedir que las especulaciones sobre la concertación se instalen con carácter indefinido. Tras algunas dudas iniciales, el presidente del Gobiemo y la mayoría de sus ministros son partidarios de no disolver las Cámaras en los próximos meses.

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Editorial en la página 10