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Las pensiones mínimas suben entre el 6,5%, y el 12,5%

El Gobierno aprobó ayer el decreto de revalorización de pensiones para 1989 con un incremento medio del 5,35%. Las inferiores al actual salario mínimo (44.040 pesetas) suben entre el 6,5% y el l2,5%; el tope máximo de prestación se eleva a 193.600 pesetas al mes, y se aprueba una paga extraordinaria más para empleadas de hogar, autónomos., toreros y régimen agrario, medida que afecta a un millón de personas.Los incrementos aprobados por el Consejo de Ministros son los pactados en septiembre por el Ministerio de Trabajo y la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), que tanto UGT como CC OO consideraban insuficientes. Según cálculos de Comisiones, con esa subida perderán poder adquisitivo el 58% de los 6,1 millones de pensiones.

Los dos sindlicatos se han dirigido al presidente del Gobierno exponiendo su protesta y sorpresa ante la aprobación del decreto de pensiones y porque se mantenga la referencia en los Presupuestos Generales del Estado al Plan de Empleo Juvenil. "Con el mejor ánimo constructivo", solicitan que se convoque con toda premura la mesa de negociación anunciada por Felipe González en la que se debe abordar, entre otras cuestiones, la equiparación de las pensiones mínimas al salario base y la recuperación del poder de compra perdido en 1988.

Para la central socialista, la decisión gubernamental añade dificultades a la reanudación del diálogo social y contradice los compromisos expuestos por Felipe González ante el Pariamento y en sus reuniones con los dirigentes sindicales Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez. Los responsables de UGT creen que no hay razones técnicas para aprobar ahora el decreto ya que si se cumplen las palabras del presidente las pensiones se modificarán dos veces en el próximo mes de enero.

CC OO emplaza al presidente del Gobierno para que inicie con urgencia una negociación seria y rigurosa que afronte "con hechos y no con gestos" las cinco demandas sindicales. La central observa con preocupación las últimas decisiones del Ejecutivo, que entiende encajan en "una cuidada estrategia de ruptura del diálogo social orientada a la precipitación de las elecciones".

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