El Gobierno planteará al Congreso el coste de las reivindicaciones que defienden los sindicatos

El Gobierno planteará al Congreso de los Diputados, el próximo miércoles, el coste económico de las reivindicaciones presentadas por los dirigentes sindicales, así como la necesidad de abrir un proceso negociador sin aceptar un trágala. Según el análisis realizado por los ministros en su reunión del viernes, los sindicatos deben aceptar la presencia de la CEOE, al menos en una primera reunión general, sin descartar sesiones posteriores sólo con ellos.

J. P. Todos los ministros del Gobierno, sin excepción, reconocieron la amplitud e importancia de la protesta social expresada en las movilizaciones de esta semana, pero no se llegó a otra conclusión que la de mantener la oferta de negociación después de haber planteado el problema en el Parlamento. La comparecencia del próximo día 21 en el Congreso -probablemente, a cargo de Felipe González- dará ocasión a que los grupos de la oposición fijen su postura en tomo a las movilizaciones y sus consecuencias.En medios parlamentarios se afirma que una participación del presidente obligará, sin duda, a la de los líderes principales de la oposición. Al estar fijada una sesión simplemente "informativa", existe la posibilidad reglamentaria de limitar el tiempo de intervención de los portavoces y de impedir el derecho a la dúplica, lo cual preocupa a algunos partidos, porque ya dio motivo a un incidente entre el portavoz de Izquierda Unida, Gerardo Iglesias, y el presidente del Congreso, Félix Pons, en la última comparecencia parlamentaria de Felipe González, hace cinco meses.

Coincide, además, este debate con la recta final de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos del Estado para 1989. A punto de finalizar el debate en el Senado, sólo queda pendiente la ratificación por el pleno del Congreso, por lo que cualquier cambio ha de hacerse en breve, salvo que se acuda al procedimiento de créditos especiales después.

La recuperación de dos puntos del poder de compra para funcionarios y pensionistas supone 80.000 millones de pesetas, mientras que la cobertura del 48% del desempleo puede implicar costes mucho más elevados. También pueden discutirse las condiciones de las medidas de fomento del empleo juvenil, a las que el Gobierno pensaba dedicar en tomo a 300.000 millones.

No hay dimisiones

La portavoz del Gobierno, Rosa Conde, descartó ayer todas y cada una de las hipótesis que han sido comentadas en círculos políticos y periodísticos, a saber: que no habrá anticipación de elecciones; que no se plantea la dimisión de los ministros del área económica, ni tampoco del Gobierno en su conjunto; que el Ejecutivo no va a plantear al Congreso la cuestión de confianza, y que el Consejo de Ministros ni siquiera analizó la eventualidad de que los líderes sindicales no acudan a la reunión del próximo jueves pese a sus declaraciones previas.

Durante una conferencia de prensa, realizada -excepcionalmente- 24 horas después de la reunión del Gobierno, Rosa Con de destacó la necesidad de "hablar con el Parlamento y las instancias sociales" para debatir qué aspectos pueden conducir más rápidamente al objetivo de " modernización de la sociedad española" que el Gobierno se ha marcado desde 1982.

"El Gobierno estudiará la posibilidad de acceder a las demandas sindicales", añadió Conde, pero "si nosotros no queremos poner condiciones, tampoco deben hacerlo las otras partes". El Gobierno mantiene la convocatoria tripartita del próximo jueves, día 22, para la que no existe un orden del día determinado pues la carta de Felipe González a CEOE, UGT y CC OO sólo menciona la necesidad de un "primer análisis de las motivaciones de la huelga general y de sus consecuencias".

Rosa Conde aseguró que el Ejecutivo no dispone de encuestas sobre el estado de la opinión pública después de las movilizaciones, y como experta en ¡a materia (es socióloga y fue directora del CIS) aseguró que "resulta difícil analizar las razones últimas que han llevado a tantas personas a la huelga el día 14. Pero no es difícil pensar que hay un sustrato común a la mayoría de ellas, que es el deseo de más transparencia, más diálogo y mayor comunicación con la sociedad".

La ministra portavoz aseguró que el Ejecutivo sigue considerando a la Unión General de Trabajadores parte integrante del proyecto iniciado en 1982, y que esa consideración no ha sido alterada por la huelga general. Preguntada acerca de si comparte las valoraciones de Miguel Boyer sobre las consecuencias de un giro social, Conde contestó que el Gobierno hará "todos los giros sociales que sean necesarios y que no supongan un coste para la economía".