Un pinchazo en hueso

Luis Solana, presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España, descolgó el viernes 22 de agosto de 1986 el auricular y marcó un número de Guipúzcoa. En una breve conversación, comunicó al ex presidente del Gobierno vasco que su teléfono había sido objeto de una escucha ilegal. El caso puede convertirse en, el primero zanjado con una sentencia judicial capaz de determinar quien y por que quería escuchar las conversaciones del entonces líder del sector crítico del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Luis María Retolaza, ex consejero de Interior del Gobierno autónomo, esta citado a declarar ante el juez el próximo día 14.

Aquel gesto de Solana advirtiendo a Garaikoetxea de lo que habían descubierto sus técnicos dos días antes le convirtió inmediatamente para algunos sectores del País Vasco en un sospechoso. Dirigentes del sector oficial del PNV se apresuraron a denunciar ante la Prensa imaginarias escuchas en sus teléfonos y a preguntarse por qué tanta diligencia con el ex lehendakari mientras a ellos nadie les hacía caso.La clasificación del presidente de la Telefónica como enemigo potencial del pueblo vasco por haber favorecido supuestamente a Garaikoetxea fue el primer paso de una estrategia para con vertir ante la opinión pública a la víctima en autor de un compló meramente publicitario o, alternativamente, en culpable por tener algo que ocultar. El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, dio el pistoletazo de salida cuando escribió en su habitual artículo semanal que las circunstancias del pinchazo "hacen pensar en algo hecho para ser descubierto".

El lehendakari José Antonio Ardanza, sucesor de Garaikoetxea, entraba en la refriega días después para advertir a Solana que debería dedicar la jornada completa a avisos semejantes; "porque sabemos", dijo, "que aquí hay muchas escuchas legales, e ilegales muchísimas".

Pero fue Xabier Aguirre, portavoz por entonces de la ejecutiva del partido, quien expresó con más claridad sus reticencias. Garaikoetxea, dijo, "tendrá posiblemente motivos más que suficientes para que cosas que tenga que decir por teléfono, le moleste o le preocupe que alguien las pueda conocer".

El PNV y Retolaza no han manifestado reacción alguna ante el nuevo giro de la investigación judicial -dos años después del suceso-, que apunta directamente al ex consejero a partir de la confesión de uno de los tres procesados por el intento de escucha ilegal, el ertzaina Martín Epalza. Como preveía la juez instructora de Azpeitia, Esther Erice, el caso puede esclarecerse.

La convicción de impunidad de que fue rodeada la intervención ilegal, trasladada ante los jueces, ha contribuido finalmente, según el análisis de fuentes jurídicas próximas a la investigación, al derrumbre de las barreras de silencio mantenidas durante estos dos años. La Consejería de Interior nunca ha sido capaz de explicar convincentemente, por ejemplo, la concentración de ertzainas sin destino en Zarautz registrada en la villa marina en la tarde de autos.

Además de los policías Juan Miguel Campoy y Martín Epalza, y de Xabier Aguirre, jefe de comunicaciones de la Consejería de Interior, oficialmente encargados de dos escuchas con autorización judicial a sospechosos de tráfico de drogas, se encontraban en la comisaría de Zarautz el sargento Joseba Goikoetxea, el cabo Julio Vieites y los agentes Javier Etxabeguren, Federico Medrano y Alfredo Nájera.

La presencia en la central telefónica de Epalza, destinado en la brigada de juego, tampoco obtuvo nunca una explicación satisfactoria. Oficialmente, se encontraba allí porque uno de los presuntos traficantes a quienes se iba a pinchar el teléfono con orden judicial habla francés, pero el argumento es absurdo. La escucha nunca se efectúa desde la central, sino desde la base de la Ertzaintza en San Sebastián.

Tampoco la intervención de Xabier Aguirre, militante del PNV y hermano de un diputado autonómico del mismo partido, ha encontrado nunca justificación lógica. Inicialmente, se declaraba que Aguirre era el encargado de instalar centralitas en las dependencias de la Ertzaintza y que acudía cuando había pinchazos para adquirir conocimientos técnicos. Más tarde, al jefe de servicio de la red oficial de comunicaciones del Gobierno autonómo se le atribuyó la función especializada de entregar el material, un pedazo de cable, al ertzaina encargado de la intervención.

Menos comprensible aún resulta la visita girada por Campoy y Aguirre el día 20 por la mañana a la misma central de Zarautz, según ellos para aclarar por qué no habían encontrado la tarde anterior uno de los teléfonos a controlar legalmente. De acuerdo con la confesión de Epalza, Aguirre fue enviado por el jefe de la Ertzaintza, Genaro García Andoain, cuando éste ya sabía que la operación había fallado, para retirar el puente del teléfono de Garaikoetxea y, evitar el escándalo político.