El ministro de Industria considera superado el 'contencioso' energético con Portugal
El ministro de Industria, Claudio Aranzadi, señaló ayer que se han disipado los malentendidos que existían con el Gobierno portugués en relación con la adhesión de España y Portugal a la red europea de gasoductos, y principalmente, en lo que respecta al transporte hasta Portugal de la energía eléctrica procedente de Francia. Aranzadi mantuvo ayer una reunión en Lisboa con su colega portugués, Mira Amaral, en la que ambos dirigentes trataron de buscar soluciones al contencioso planteado durante las últimas semanas.
Interpretadas como un veto de España al suministro de electricidad de Francia a Portugal, las declaraciones realizadas por Aranzadi después de la reunión de los ministros europeos de Energía, habían provocado enérgicas reacciones del Gobierno de Lisboa, a través de una campaña de prensa y de un informe elaborado por la secretaría de Estado de Energía portuguesa con fecha del 16 de noviembre.En el documento, al que este periódico tuvo acceso, se acusaba al Gobierno español de oponerse a las conclusiones del Consejo de Ministros de Energía de la CE del 8 de noviembre, globalmente favorables a la creación de un "mercado interno de la energía". En relación a la energía eléctrica, Portugal, que defendió en Bruselas el derecho para cada uno de los doce de abastecerse del país comunitario que ofrece los precios más bajos, precisa de la cooperación de España para la efectiva contratación con Francia, por un período de 10 años y a partir de 1993, de una potencia garantizada de 300 megawatios. El contrato permitiría a Portugal ahorrarse unos 75.000 millones de pesetas.
Para el secretario portugués de Energía, Nuno Ribeiro da Silva, los argumentos invocados por España para oponerse a la operación, sean técnicos (según Madrid, la red española no soportaría el tipo de potencia en causa), sean económico-financieros (España acusa a Francia de prácticas de dumping), esconden los verdaderos motivos, que serían "el interés de España de vender a Portugal sus propios excedentes de electricidad".
El Plan Nacional del Gas y el proyecto de Red Nacional de Gasoductos han sido también insistentemente divulgados en la prensa portuguesa como pruebas evidentes de la oposición de Madrid a una "racionalización de la red de gasoductos de acuerdo con los intereses de los dos países". El Gobierno portugués , aumenta que España manifiesta grandes reticencias hacia acciones conjuntas con Portugal en Bruselas para conseguir financiaciones comunitarias para la prolongación de la red europea del gas, y en particular para la construcción de los tramos Valladolid-Coimbra, Huelva-Algarve y Braga-sur de Galicia. Además, España se opondría a la utilización del future teminal de gas licuado de Setúbal como puesto de abastecimiento de la red española, pretendiendo así, siempre de acuerdo con el informe portugués, que "la red portuguesa sea receptora del gasoducto europeo sin la posibilidad de ser también una puerta de entrada para la red europea", en igualdad con Huelva, Barcelona y Cartagena. Habría también probIemas con las autoridades gallegos para algunas obras relacionadas con la construcción de la empresa portuguesa del alto Lindoso, y con la Administración española acerca de las cuotas de importación atribuidas a letrogal, que, según Lisboa, registró aumentos de sus ven tas en España del 110% entre 1985 y 1986, "crecimiento que no es reconocido por las autoridades españolas".
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