Doble lectura

LOS DATOS que refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año vienen a sumarse a los argumentos dialécticos del Gobierno y de las centrales sindicales en medio del frenesí originado por la convocatoria de la huelga general del próximo día 14. La doble lectura de los mismos permite muchas interpretaciones. La Administración se apresuró a poner el acento en algunos hechos positivos para su política. Así, por ejemplo, que en el período julio-septiembre de 1988 se registraron 142.400 nuevos empleos respecto al trimestre anterior, lo que viene a suponer un ritmo de creación de 1.500 puestos de trabajo diarios en el período de referencia. Si el cálculo se extiende a los 12 últimos meses, esa media diaria se sitúa en 1.000 nuevos empleos, lo que equivale a una creación neta de 329.600 puestos de trabajo a lo largo del último año. Para el Gobierno, la botella del empleo está medio llena.Pero, por encima de la relativa brillantez de estas cifras, las centrales sindicales hacen hincapié en la imparable precarización del empleo: en el período julio-septiembre del presente año se han registrado 216.500 contratos temporales, mientras que en el mismo plazo los contratos de tipo indefinido, es decir, de empleo estable, se han saldado con una pérdida neta del 1,40%. La destrucción de 89.600 empleos fijos -actualmente uno de cada cuatro trabajadores tiene que conformarse con un contrato eventual- es una bandera que agitan los sindicatos como muestra del carácter injusto e ineficaz de la estrategia económica del Gobierno. Tanto Comisiones Obreras como la Unión General de Trabajadores consideran que la disminución de 48.900 parados en el tercer trimestre sobre el trimestre anterior es una victoria pírrica frente a la pérdida de 304.400 empleos fijos entre el segundo trimestre de 1987 y el tercero de 1988. Desde su perspectiva, la botella está medio vacía.

Como se ve, la valoración oficial y la sindical discurren por líneas paralelas que difícilmente podrán encontrarse si no hay una variación de rumbo por alguna de las partes. Parece lógico que las centrales sindicales, que se debaten entre la debilidad de afiliación y el riesgo de verse superadas por otro tipo de organizaciones obreras de base -hay que recordar la experiencía de los referendos de banca, Telefónica, enseñanza o el reciente de FASA-Renault, donde las posturas moderadas defendidas por los sindicatos mayorítarios fueron rechazadas por los trabajadores-, vuelquen sus energías sobre estos aspectos sociales, en detrimento de la comprobación de que la economía española se encuentra en una nueva situación que está permitiendo crear empleo, aunque no sea de la calidad deseada por los trabajadores.

Ello no impide reconocer que tampoco se han registrado excesivos avances en este frente a través de la política oficial. El porcentaje de paro no baja del 19% desde hace demasiado tiempo -siempre en las cercanías de los tres millones de desempleados- y las mejoras alcanzadas son tan tímidas que se reducen a un baile de decimales, junto al drama del desempleo de los jóvenes, problema que el Gobierno trata de paliar con el contestado Plan de Empleo Juvenil.

El hecho de esa doble lectura de la EPA -el excesivo optimismo oficial y la contumaz crítica negativa sindical- es un reflejo de dos posturas que han llegado a ser irreconciliables, y que, sin embargo, deben terminar por encontrar algún punto de aproximación, probablemente donde las centrales valoren en sus términos justos los logros del Gobierno socialista y donde el Ejecutivo no olvide sus orígenes ni los intereses de todos los asalariados, su base social natural.