Las comunidades autónomas administrarán el 21,4%, del gasto público en 1989

Las comunidades autónomas administrarán una participación del 21,4% en el total del gasto del sector público -sin incluir la Seguridad Social-, lo que supone el nivel más alto desde la puesta en funcionamiento del Estado de las autonomías, según un reciente estudio del Instituto de Estudios Fiscales sobre los Presupuestos Generales del Estado de 1989. Las corporaciones locales, por su parte, participarán con un 14,8% del gasto global, porcentaje que, por primera vez en los últimos cuatro años, registra un salto importante, pero que todavía se encuentra muy lejos del modelo de descentralización racional que se desprende de los supuestos económicos referidos por el mencionado instituto. El gasto del Estado, en el total de recursos presupuestados para el sector público español para 1989, supone el 63,8% restante.

Estos porcentajes demuestran que el nivel de descentralización real del gasto público -sin Seguridad Social- en España es del 36,2%, nivel que todavia está lejos de la banda entre el 45% y, el 55%, característica de la estructura de los Estados federales. La media de Estados como la RFA, Canadá, Suiza o Estados Unidos se sitúa en el 56% de participación del gasto público total por parte del Estado, 27% para los Gobiernos federales y 16% para las administraciones locales.Para Josep Maria Vegara, director del Instituto de Estudios Fiscales, "el reparto resulta artificial en la medida en que se trata de distribuir recursos que provienen en su mayor parte de los ingresos del Estado y llegan a las autonomías por la vía de las transferencias corrientes o son dotaciones finalistas a servicios transferidos". El 70% de los recursos administrados por las comunidades autónomas proviene de los ingresos del Estado, y parte del resto corresponde a los recursos conseguidos con los impuestos cedidos o creados por los Gobiernos autonómicos.

Corresponsabilidad

El marco tributarlo de los ayuntamientos es más completo y, por tanto, las tesorerías de las corporaciones locales se cubren con ingresos propios en mayor medida que las comunidades. Esta diferencia plantea la cuestión de la corresponsabilidad fiscal: los ayuntamientos recaudan más y, por tanto, sufren el coste político de esta responsabilidad, que las autonomías apenas perciben. Dentro del marco del sistema transitorio actual, definido por la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), a la hora de diseñar políticas económicas territoriales, las comunidades autónomas distribuyen el gasto sin apenas responsabilidad política sobre el ingreso.Un reciente trabajo sobre la estructura del gasto público elaborado por el profesor Antoni Castells sostiene que "España ha avanzado considerablemente en el proceso de descentralización, reduciendo a la mitad la participación del Estado central en el gasto desde el año 198U. Castells mantiene asimismo que "las cifras están lejos todavía de lo ideal, pero precisa que comunidades como Cataluña, el País Vasco y Andalucía administran un gasto cuya magnitud ya es propia de los países federales". En el presupuesto presentado al Parlamento catalán para 1989, esta autonomía presenta un gasto que supe ne el 10% del producto interior bruto (PIB) de la comunidad. En Andalucía, este porcentaje en términos de PIB supera el 15%, mientras que en el País Vasco, después de la transferencia de los servicios del Insalud, supera el 10%.