La libertad para Torres Rojas facilita más el indulto a Armada

El general Luis Torres Rojas, condenado a 12 años de prisión por participar en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, abandonó ayer el hospital militar Gómez Ulla, de Madrid, horas después de que, por telegrama, se te comunicara que el juzgado militar de La Coruña le concedía la libertad condicional por estar enfermo y tener más de 70 años. La decisión se interpretó en círculos jurídicos y oficiales como un paso previo conveniente para que el Gobierno acuerde ahora indultar al ex general Alfonso Armada, hipótesis considerada muy probable por todas las partes consultadas.

El telegrama se recibió en el hospital, según Defensa, hacia las dos de la madrugada, pero Torres Rojas optó por pasar la noche allí. Gerardo Quintana, su abogado, dijo que el general -Torres Rojas mantiene ese empleo militar porque no fue condenado a más de 12 años había salido del hospital entre las seis y las siete de la mañana, pero Defensa aseguró que lo hizo hacia las once.La esposa y una hija del militar acudieron a esperarle al hospital, desde el que Torres Rojas se trasladó al domicilio de su hija Cristina, en el que pasó la mayor parte del día para eludir a los periodistas. A última hora de ayer, el general señaló a este periódico: "Me encuentro muy satisfecho de estar con mi familia, como es lógico". Torres Rojas agregó que seguirá haciendo recuperación en el hospital Gómez Ulla ya que sufre "un hundimiento de vértebras". El militar no quiso hacer más declaraciones "porque todo está sub júd¡ce".

La solicitud de libertad condicional fue presentada el pasado junio, y estaba basada en el hecho de que el general golpista sufría una enfermedad que le obligaba a un tratamieto continuado -ha sido intervenido quirúrgicamente en los ojos y en la columna vertebral- y que estaba a punto de cumplir los 70 años (los cumplió el pasado 13 de octubre).

En su día, también el ex general Alfonso Armada -condenado a 26 años y ocho meses- pidió la libertad condicional por motivos similares, pero el Supremo la denegó argumentando que no cumplía un requisito fundamental para un preso ingresado en un centro militar: haber cumplido la mitad de la condena. Este requisito sí lo cumple Torres Rojas y ha sido clave para su libertad.

En estos mismos días, el equipo jurídico de Defensa analiza el informe del Supremo según el cual el alto tribunal es favorable a la concesión del indulto para el ex general.

Próxima decisión

En estas pasadas fechas, tanto fuentes de Defensa como abogados de los golpistas habían coincidido en afirmar que la probable concesión de la medida de gracia no podía producirse, por razones de conveniencia, antes de que el juez de Vigilancia Penitenciaria de La Coruña, comandante José Manuel Ramírez Sineiro, decidiera poner en libertad a Torres Rojas.

[Narcís Serra, titular de Defensa, comentó ayer en Montpellier que aún no ha recibido el estudio de sus técnicos jurídicos y que, por tanto, no podía hablar de plazos para que el Gobierno adopte una decisión].

Torres Rojas, nacido en Melilla, era gobernador militar de La Coruña cuando se produjo el golpe de Estado del 23-F. En los años anteriores, había sido jefe de la División Acorazada Brunete, con sede en Madrid, y en las reuniones de los golpistas previas al 23 de febrero se acordó que fuera Torres Rojas quien, una vez tomado el Congreso de los Diputados por miembros de la Guardia Civil, se hiciera cargo del mando de tan importante división.

Por eso, Torres Rojas se desplazó por vía aérea a mediodía de esa fecha de La Coruña a Madrid. De Barajas se fue directamente a la División Acorazada, donde a primera hora de la tarde se reunió con varios mandos de la unidad y se distribuyeron misiones, como la toma de TVE o de emisoras de radio. A última hora de la tarde, y después de la toma del Congreso, Torres Rojas regresó a la Coruña, también en avión, después de ver, como declaró en el juicio por el golpe, que la operación había fracasado.