La CE aprueba la reforma de los fondos estructurales
El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Europea (CE) aprobó ayer en Bruselas los reglamentos que permitirán, a partir del próximo año, aplicar la reforma de los fondos estructurales. Estas ayudas comunitarias, destinadas a corregir los desequilibrios regionales, serán duplicadas, lo cual beneficiará a la mayor parte de las comunidades autónomas españolas.La decisión adoptada ayer pone fin a un largo debate entre los países del sur y del norte de la CE, empeñados estos últimos en arañar una parte del aumento espectacular de las ayudas comunitarias a las zonas retrasadas o en declive. El presupuesto pasará de 7.000 millones de ECU en 1988 a 13.000 millones (1,87 billones de pesetas) en 1992. La mayor contribución de la CE para los programas de desarrollo en regiones desfavorecidas, con una financiación de hasta el 75% del coste total, permitirá alcanzar ese objetivo de duplicación. Los Estados quedan obligados a incrementar sus inversiones en planes de esta naturaleza en la misma medida que aumente el dinero recibido de la CE.
España, según cálculos aproximados, podrá aumentar las subvenciones recibidas desde los 200.000 millones de pesetas que recibe -al año hasta más de 400.000 millones al final del período.
Programas a medio plazo
La principal novedad de la reforma consiste en la canalización de las ayudas a través de programas a medio plazo, de entre tres y cinco años, en lugar de proyectos individuales, como hasta ahora. El plazo de presentación de programas finalizará el próximo 31 de marzo, lo cual plantea dificultades a España, tras el compromiso del Gobierno de concertar las demandas de ayudas con las administraciones de las comunidades autónomas. Para evitar este problema, antes de final de año será presentado un paquete de proyectos, ya preparado, que asciende a más de 200.000 millones de pesetas. El recurso a las normas antiguas "nos da un colchón de casi un año, hasta el fin del período transitorio fijado hasta el 31 de octubre de 1989", según declaró ayer un miembro de la representación española.
El secretario de Estado para la CE, Pedro Solbes, destacó la solución satisfactoria dada a España en su pretensión de que las ayudas del Fondo Social Europeo puedan ser aplicadas a los estudios de formación profesional permanente.
A pesar del inicial rechazo de los países del Sur menos desarrollados, la RFA logró introducir una declaración que permite destinar parte del dinero reservado a planes agrícolas (FEOGA Orientación) a zonas que, aunque enclavadas en una región rica, hayan resultado fuertemente perjudicadas por el ajuste realizado en la política agrícola.
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