El Parlamento autónomo optó por el carácter específico de las islas

F. M. La historia del conflicto canario comenzó en las negociaciones para el ingreso de España en la CE. En febrero de 1983, Manuel Marín, entonces secretario de Estado para las Relaciones con la Comunidad y hoy comisario europeo, entregó al Gobierno autónomo una propuesta de adhesión que implicaba entrar en todas las políticas comunitarias, pero con especificidades que dejaran a salvo la peculiar estructura económica de las islas. Diez meses después, la decisión del Parlamento canario fue radlicalmente distinta y Canarias quedó fuera de la política agrícola común, de la política comercial, de la unión aduanera y de la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), justamente los ejes que constituyen la columna vertebral de la Comunidad.

No hubo tensiones porque el presidente del Gobierno, Felipe González, dejó la libertad de opción a los canarios. Y éstos decidieron, casi por unanimidad (53 votos sobre 56), mantener a toda costa la especificidad de las islas. El respeto a la identidad canaria movilizó a la opinión pública isleña, y los socialistas, con Jerónimo Saavedra al frente del Gobierno autónomo, defendieron también ese lema. El actual eurodiputado socialista Manuel Medina fue otro de los partisanos del modelo, igual que el entonces consejero de Economía, Rafael Molina, aunque hay quien apunta sus vinculaciones con la familia Sánchez Peñate, uno de los representantes de los intereses importadores en las islas, como determinantes de su postura.

Los canarios actuaron con la lógica de contar con puerto franco y régimen económico fiscal propio, pero el resultado de su decisión, por encima de razones arraigadas de identidad política que han dado pie a amagos de independentismo, fue la primacía de los intereses de los sectores importador y turístico sobre la agricultura y la pesca de las islas. La producción agraria no representa más que el 7% del producto interior bruto del archipiélago, frente al 79% de la construcción y los servicios, pero ocupa al 16% de la población activa y es una agricultura de exportación que ha visto agravados sus problemas desde el ingreso.