El juez llama a declarar a dos concejales por un presunto caso de "favoritismo" en unas oposiciones

El próximo miércoles prestarán declaración ante el tribunal de la Sala Cuarta de la Audiencia Territorial los concejales de¡ Ayuntamiento de Madrid Pilar García Sacristán (PSOE) y Francisco Herrera (IU), así como tres personas que ganaron unas oposiciones a puestos de sociólogos de forma irregular, según la denuncia presentada por otros cuatro opositores que fueron suspendidos. El tribunal ha admitido la realización de una prueba, solicitada por los demandantes, por la que un perito independiente estudiará los exámenes realizados para comprobar si las puntuaciones que obtuvo cada uno son correctas.

"Intentaremos demostrar, a través de las pruebas documentales, testificales y periciales solicitadas, que en la selección de los aprobados influyeron unas relaciones determinadas entre aquéllos y el tribunal examinador", afirmó José Garrido, abogado de los cuatro opositores suspendidos que presentaron el recurso. Uno de los aprobados fue Juan Antonio Ruiz del Castillo, diputado regional socialista y que ejerció en el Ayuntamiento como jefe de la Oficina de Asuntos Sociales y Sindicales. Otra de las aprobadas, Pilar Ofiate, desempeñó un cargo de confianza en lajunta municipal de Chamartín, que preside Pilar García Sacristán, a su vez presidenta de¡ tribunal examinador.Las pruebas para las ocho plazas de sociólogo fueron convocadas en enero de 1987 y celebradas entre mayo y junio. En julio, CC 00 denunció la existencia de múltiples irregularidades, que, en su opinión, habrían beneficiado a algunas personas de las que se conocían sus buenas relaciones personales y amistosas con la concejala Pilar García. [Pilar García sustituyó en la presidencia del tribunal al concejal de Cultura, Ramón Herrera, quien renunció porque uno de los opositores era familiar suyo.]

Los suspendidos que iniciaron el procedimiento judicial fueron Olga Solas, Begoña Cerezo, María Luisa de Frutos y Jaime Ferri. Los cuatro llevaban ya tiempo trabajando como interinos en el Ayuntamiento cuando se celebraron las diversas pruebas de las oposiciones -entre el 26 de mayo y el 22 de junio de 1987-, por lo que ya contaban con una bonificación de entrada. Sin embargo, los cuatro denunciantes recibieron notas desacostumbradamente bajas en una de las pruebas, por lo que no pudieron contar con la bonificiación en cuestión y fueron eliminados. La prueba consistía en la presentación de una memoria sobre un tema relacionado con los puestos de sociólogo a los que aspiraban.

Tres ceros y un 1

Olga Solas, Begoña Cerezo y María Luisa de Frutos obtuvieron sendos ceros como calificación a sus memorias, y Jaime Ferri, una puntuación de uno.

Precisamente, una de las pruebas solicitadas por la defensa y aceptadas por el tribunal, la prueba pericial, consistirá en que un perito independiente examine las memorias presentadas por los suspendidos para dilucidar, por la calidad de los trabajos, si se habían atenido o no a las bases de la convocatoria y si merecían realmente las bajas puntuaciones que les puso el tribunal de las oposiciones.

El abogado de los denunciantes, José Garrido, comentó que ésta, "que yo sepa, es la primera vez que se admite este tipo de prueba pericial, en la que, por decirlo así, un perito va a examinar la actuación de los examinadores". La realización de esta prueba fue recusada por el Ayuntamiento, aunque el tribunal rechazó el recurso.

Previamente, el Ayuntamiento tendrá que cumplimentar la prueba documental solicitada, la entrega a la Audiencia Territorial de los ejercicios realizados tanto por los suspendidos como por los aprobados.

"Hasta ahora no tenemos constancia que el Ayuntamiento haya entregado los ejercicios, pero esperamos que así haya sido". El miércoles, añadió Garrido, intentaremos ponernos de acuerdo con los representantes municipales para designar al perito en cuestión.

El miércoles prestarán declaración la concejala socialista Pilar García Sacristán, quien presidió el tribunal examinador; el concejal de Izquierda Unida Francisco Herrera, que pidió, en julio de 1987, que el pleno del Ayuntamiento, a la vista de las irregularidades, anulara las pruebas y las convocara de nuevo, petición que no fue atendida por el equipo de gobierno socialista. También están citados otro miembro del tribunal, el catedrático Jesús León, así como tres de los aprobados, Juan Antonio Ruiz-Castillo, Dolores Abad Rodríguez y Ana Buñuel Heras.

Los denunciantes han iniciado dos procedimientos judiciales distintos. Uno, por la vía habitual, que se sigue en la Sala Segunda de la Audiencia Territorial, y el segundo, más específico, que se sigue por la Sala Cuarta de la misma Audiencia, y que está basado en que las presuntas irregularidades cometidas en las oposiciones afectan a uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, recogido en la ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales: el derecho de igualdad de acceso a los cargos públicos.

Demanda

Al margen de ambos procesos, los suspendidos presentaron demanda ante la Magistratura de Trabajo. "Se da el caso curioso", afirmó el abogado José Garrido, "que Trabajo sentenció que al menos dos de ellos, Olga Solas y Jaime Ferri, estaban desempeñando trabajos cuya contenido correspondía al de contratados laborales fijos, precisamente la categoría a la que querían acceder a través de las oposiciones. Sin embargo, el Ayuntamiento prefirió pagarles una indemnización y no readmitirlos en el puesto de trabajo".