El fiscal ratifica que no hubo falsedad en la aprobación del plan territorial de Doñana

El fiscal de la Audiencia Territorial de Sevilla, Alfredo Flores, ratificó ayer su dictamen del pasado 30 de septiembre, en el que consideraba que el Gobierno andaluz no cometió "delito de falsedad" en el proceso de aprobación del Plan Director Territorial de Coordinación (PDTC) de Doñana. Según el nuevo dictamen, hecho público ayer, el plan de Doñana "aprobado inicialmente, la copia sometida a información pública y la remitida a las corporaciones locales para su preceptivo informe tienen idéntico contenido y no se aprecia indicio alguno de falsedad documental".Izquierda Unida, que solicitó la investigación fiscal denunciando la existencia en el plan aprobado de un párrafo no incluido en el período de información pública, presentó ayer un recurso contencioso-administrativo por vía ordinaria ante la Audiencia de Sevilla, solicitando la suspensión cautelar de ese párrafo. (Ver EL PAÍS de 7 de octubre.)

El fiscal aclara que en su investigación ha conocido la existencia de otro documento, editado en dos tomos modelo Din A4, y en el que sí se incluye un párrafo diferente. La publicación de estos dos tomos recogió por error lo que a juicio del fiscal constitutía un segundo borrador del documento, y no el plan aprobado incialmente, afirma el dictamen.

El párrafo en cuestión, que según los denunciantes favorece a Costa Doñana, sociedad que pretende urbanizar la playa de Matalascañas (Huelva) y en la que participaron personas vinculadas al presidente del Gobierno, Felipe González, dice que los terrenos tendrán la consideración de "urbanizable programado", en lugar de "urbanizable no programado", lo que implica mejoras sustanciales en cuanto a la edificabilidad y agilización del planeamiento. La previsión de ocupación de los terrenos es de 15.000 a 20.000 plazas.

El fiscal rectifica una afirmación del anterior dictamen, que aseguraba que el polémico párrafo no existía en el documento que fue aprobado por la Junta, aunque matiza que, si bien "podrá cuestionarse si su contenido es o no una determinación básica", lo que es incuestionable es que su inclusión en el documento final no constituye delito de falsedad". En ese sentido, el fiscal afirma que la decisión de incluir ese párrafo "queda sometida, como el contenido del Plan, a los recursos vía administrativa que la ley establece". Al quedar abierta esta vía, los denunciantes presentaron ayer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia de Sevilla contra el PDTC en el que se solicita la suspensión cautelar del polémico párrafo.

Purismo jurídico

Luis Carlos Rejón, presidente regional de Izquierda Unida, valoró "positivamente" el dictamen fiscal y aseguró: "Ha venido a darnos la razón en lo general, aunque no en lo particular por un exquisito purismo jurídico". Rejón reiteró sus denuncias de "tráfico de influencias, falta de rigor, indefensión y comisión de innumerables errores".Por su parte, Jaime Montaner, consejero de Obras Públicas y Urbanismo, mostró su "satisfacción" por el dictamen y calificó sus consecuencias como "derrota política" para IU. Añadió que tras el dictamen tendrán que reconocer que "no ha existido tráfico de influencias".