Autores, cómplices, encubridores

No son muy conocidos, por la deformación que han sufrido los hechos a lo largo de 40 años -aunque ya están perfectamente contados en los libros-, algunos detalles de la crónica negra de la Falange, que tienen, por eso de que la historia se repite, una rabiosa actualidad en este país y en estos días.Es sabido que los miembros de la Junta Política de Falange Española de las JONS, y entre ellos su presidente, José Antonio Primo de Rivera, fueron detenidos el día 14 de marzo de 1936, como consecuencia de los desórdenes atribuidos a la Falange, al igual que a otras fuerzas de derechas, a raíz de las elecciones de febrero, que dieron el triunfo al Frente Popular.

Primo de Rivera fue juzgado el 28 de mayo por tres delitos de los que se le acusaba: asociación ¡lícita, publicación clandestina e injurias al director general de Seguridad, Alonso Mallol, de quien había escrito que había roto los precintos de la puerta de la sede de Falange "con los cuernos".

Fue condenado, por cada uno de los dos últimos delitos, a dos meses y un día de arresto. En cuanto al de asociación ilícita, fue absuelto, pues "no aparece suficientemente probado que la Falange Española de las JONS, partido inscrito legalmente en el Registro de Asociaciones Políticas, pretenda encubrir actividades clandestinas de subversión del orden constitucional". En consecuencia, declara no haber lugar a la disolución de la asociación Falange Española, como se pide por el ministerio público.

Pero las acciones llevadas a cabo por Falange, algunas probadas en otros procedimientos, no admitían duda: asesinato de la socialista Juanita Rico, del simpatizante comunista Francisco Díaz Muiña, del magistrado Manuel Pedregal, del inspector de policía Manuel Gisbert, del capitán Faraudo y del teniente Castillo; asesinato frustrado de Luis Jiménez de Asúa, de Francisco Largo Caballero, de Eduardo Ortega y Gasset; desórdenes públicos, incendios, daños, asaltos a casas del pueblo, a la Asociación de Amigos de Rusia, apologías de la violencia y del terrorismo...

Los tribunales condenaron, en algunos casos, a los ejecutores: así, a Alberto Ortega, a 25 años de reclusión por asesinato, y cinco más por tenencia ilícita de armas; a Jesús Azcona, Luis Revuelta y Ramón de la Peña, a seis años de cárcel y 50.000 pesetas por encubridores de asesinato.

Precisamente como respuesta a estas condenas, la Falange ordenó eliminar al magistrado del Tribunal Supremo y ponente de la sentencia, Manuel Pedregal, lo que llevó a cabo el día 13 de abril.

Pero la justicia republicana iba a hacer que las cosas tomasen otro rumbo. Mientras José Antonio Primo de Rivera está cumpliendo, en la prisión de Alicante, las condenas que le han sido impuestas, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, presidida por Demófilo de Buen, designa juez especial para la represión de los delitos de terrorismo, con jurisdicción en todo el territorio nacional, a Federico Enjuto Ferrán, quien abre un nuevo sumario, en cuyos folios 5 a 8 se incluye una Relación de atentados cometidos por elementos afectos a Falange Española desde el 16 de febrero, remitida al juez Enjuto, a requerimiento de éste, por la División de Investigación Social, relación ordenada por fechas y en la que no hay prácticamente ningún día sin su correspondiente ekintza o acción violenta. Se da cuenta también de los registros llevados a cabo en locales de Falange por las fuerzas de orden público, en los que se encontraron armas, municiones, bombas y líquidos inflamables.

El fiscal acusa a Falange y a su jefe nacional, Primo de Rivera, de que, además de las actividades lícitas que constan en los estatutos aprobados en su día, realizaba otras de carácter ¡legal, encubría acciones violentas o las organizaba, utilizando para ello en ocasiones a militantes y en otras a personas contratadas mediante un precio.

En el sumario consta la declaración prestada por Primo de Rivera, quien, preguntado si reprueba los asesinatos cometidos por Falange, responde, entre otras cosas, que "no considera airoso desautorizarlos".

A aquel juez, formado en las sutilezas técnico-jurídicas aprendidas en la cátedra de Dorado Montero, no le cabía en la cabeza que pudiera haber una Falange sumergida, dedicada a cometer actos vandálicos, acciones violentas, incluso asesinatos, y otra Falange respetable, legalizada, que había llegado a ocupar algunas poltronas en las anteriores Cortes de la República, cuando era notorio que una y otra, la Falange de la sangre y la otra Falange, de terratenientes, abogados y periodistas, de ciudadanos asustados por el giro que tomaban las cosas, obedecían a una misma estrategia, a unos mismos postulados, y tenían por jefe a José Antonio Primo de Rivera, que pronunciaba discursos impecables en un lenguaje orteguiano y kelseniano, y hablaba a sus seguidores de un paraíso difícil, de un estilo directo, ardiente y combativo, de la poesía que mueve a los pueblos y, en fin, de la dialéctica de los puños y de las pistolas.

El fiscal creía que había que buscar la responsabilidad de las ekintzas, aparte la que correspondía a los ejecutores y laguntzailes, en los niveles más altos de la organización, donde se tomaban las decisiones, es decir, en las personas que, atrincheradas en sus bufetes, en sus negocios o tras un acta de diputado, escondían el bulto y circulaban por la calle, estaban instalados en las instituciones o entraban en el casino, queriendo granjearse el respeto de la sociedad.

Los escritores falangistas apenas hablan de ello. Silencian los hechos en que algunos participaron. Y cuando hablan, se pronuncian contra un poder judicial que quiso aplicarles la ley, a ellos, que estaban, como hubieran dicho Marx o Hegel, "fabricando la historia".

Es normal que los autores, cómplices y encubridores de aquellos actos rebajaran la fuerza de la sentencia, desvalorizaran la labor de los jueces y tribunales. También ellos hablaban de la violencia institucional, que es la que se ejercía desde la democracia, a la que ellos oponían una resistencia heroica. Primo de Rivera, abogado de oficio, de excelente oficio, habló de "el santo horror que todo catilinario siente por los preceptos legales". Y también, citando a Kelsen, que "en la democracia ideal no hay terreno propicio para los que tengan temperamento de jefes".

Francisco Bravo, cronista de aquellos hechos, trivializó el papel de la justicia al escribir: "El derecho juega un papel secundario cuando las grandes ocasiones palingenésicas conmueven la vida de los pueblos". Y quiso "inmortalizar la figura heroica de José Antonio, capaz, en su elegancia serena y estoica, de ser abogado de sí y de los suyos frente a una Némesis chabacana y sangrienta".

Todo esto es, evidentemente, literatura. Bien es verdad que a la hora definitiva de ajustar su conciencia ante Dios y la historia, en su testamento, escribió esta frase ejemplificadora: "Que esta sangre vertida me perdone la parte que he tenido en provocarla".

Cuando, después de cada asesinato, se escuchan voces, diversas por origen, que llaman al rearme moral de los ciudadanos, a mantener el espíritu unido frente a los que aprietan los gatillos y a los que, sin ensuciarse las manos, los apoyan y justifican, es útil repasar la historia, que es, ya lo dijo Cicerón, testigo de los tiempos y maestra de la vida.