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POLICÍAS ANTE LA JUSTICIA

La acción popular espera la resolución de las cuestiones aun pendientes

B. DE LA C., Fernando Salas, abogado de la acción popular contra José Amedo y Michel Domínguez, se manifestó ayer "contento" con el auto de procesamiento de la Audiencia Nacional y expresó su confianza en que en las próximas semanas se resuelvan los "temas pendientes". El acuerdo quinto del tribunal deja los autos "sobre la mesa ( ... ), para estudio y resolución de todas y cada una de las demás cuestiones planteadas por las partes". A su vez, el abogado defensor de los policías, Gonzalo Casado, anunció que recurrirá en súplica y, en caso de que le sea desestimado el recurso, pedirá el amparo del Tribunal Constitucional.

Casado recordó que todavía no puede hablarse de pruebas contra sus defendidos, ya que se trata de "meros indicios o sospechas" [el tribunal utiliza el término "indicios racionales de criminalidad"], que no desvanecen la presunción de inocencia. Asimismo, Casado insistió en las cuestiones planteadas en su escrito de alegaciones, que considera no resueltas por la Sala, en concreto sobre la falta de competencia de la Audiencia Nacional y la invalidez de las comisiones rogatorias. El abogado resaltó que el auto no da satisfacción a las peticiones de la acción popular, que apuntaban "por encima de Amedo".

Salas destacó que el auto resuelve todas las peticiones que se hacían respecto a Amedo y Domínguez, en relación con los cuales "ratifica la investigación realizada por el juez Baltasar Garzón, consolida lo hasta ahora actuado y zanja la polémica sobre si el asunto ha estado bien instruído".

En opinión de Salas, el tribunal, "deliberadamente, ha querido reducir el auto a Amedo y Domínguez, consciente de la enorme inquietud producida en torno a este asunto y para quedar con las manos libres para resolver sobre el resto de las cuestiones planteadas".

Los superiores de los policías

En todo caso, Salas reconoció que el auto ha aplazado el procesamiento solicitado para los superiores jerárquicos de los dos policías -Antonio Rosino, Julio Hierro, Miguel Planchuelo y Rafael del Río-, así como la exigencia de responsabilidad penal al anterior ministro del Interior, José Barrionuevo, y al director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, por obstrucción a la justicia al negarse a revelar sí los procesados usaron los fondos reservados del departamento para perpetrar sus delitos.

Por su parte, el magistrado Perfecto Andrés, portavoz de Jueces para la Democracia, ha estimado el auto de procesamiento "plenamente coherente" con las peticiones realizadas, incluída la del fiscal. Andrés consideró que la resolución "da mayor fundamento a la tesis mantenida por esta asociación judicial de que no deben existir zonas exentas del control judicial en ningún ámbito de la Administración del Estado, como garantía fundamental de control de la legalidad".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de octubre de 1988