La Audiencia procesa a Amedo y Domínguez por seis asesinatos, frustrados y pertenecer a los GAL

La Audiencia Nacional acordó ayer el procesamiento del subcomisario José Amedo Fouce y el inspector de policía Michel Domínguez Martínez, para quienes decretó la prisión incondicional y a cada uno de los cuales requirió 20 millones de pesetas para asegurar la responsabilidad civil. El tribunal aprecia en ambos policías, con evidencia "clara y notoria", indicios de su integración en la banda terrorista GAL, así como de su participación en seis asesinados frustrados, dos falsificaciones de documento de identidad y uso público de nombre supuesto, por los que pueden corresponder 144 años de cárcel a cada uno.

La resolución parte de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por los magistrados Roberto Hernández Hernández, presidente -por enfermedad de su titular, Juan Manuel Orbe- y ponente del auto; Alfredo Miguel Vázquez Rivera y José Manuel Martín Bernal. El auto ratifica la situación privativa de libertad decretada el 13 de julio último por el juez Baltasar Garzón, en quien delega para la práctica de las diligencias derivadas del procesamiento. En concreto, Garzón deberá en los próximos días notificar personalmente la resolución a Amedo y Domínguez, instruirles de sus derechos, tomarles declaración y requerirles la fianza de 20 millones de pesetas.El tribunal relata que el 22 de julio último el juez Garzón elevó el sumario 1/1988 a la sala, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que exige que en las causas penales contra policías y guardias civiles la instrucción y el auto de procesamiento corresponde a tribunales colegiados. Según fuentes jurídicas, la aplicación de este precepto y la reciente doctrina del Tribunal Constitucional sobre la incompatibilidad entre la instrucción y el enjuiciamiento hará que los magistrados que dictaron ayer el auto no puedan juzgar a Amedo y Domínguez.

"Satisfacción" de Moscoso

Ante la resolución dictada ayer por la Audiencia Nacional, EL PAÍS recabó la opinión del fiscal general del Estado, quien contestó así: "El auto es conforme con la petición que en su día se formuló por el Ministerio Fiscal y, por lo tanto, lo considero satisfactorio". Por su parte, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, abordado por los periodistas en el Senado, expresó su respeto por la decisión judicial y se negó a hacer comentarios, actitud que mantuvo el portavoz del departamento y el de la Dirección General de la Policía.

El tribunal recuerda que, tras la propuesta de procesamiento realizada por el juez Garzón, el Ministerio Fiscal fue la primera de las partes que consideró acreditada la existencia de indicios racionales de criminalidad en los policías Amedo y Domínguez, para los que pidió el procesamiento, petición a la que se unieron la acusación particular y la acción popular, al que se opuso la defensa de ambos policías. El auto no hace referencia, en cambio, a la actitud del fiscal general del Estado, Javier Moscoso, quien tras haber dado instrucciones al fiscal del caso, Ignacio Gordillo, para que pidiera el procesamiento, le ordenó más tarde que no se opusiera a la solicitud de libertad formulada por la defensa, por estimar Moscoso que la medida de prisión no debía distanciarse en el tiempo de la de procesamiento.

El tribunal, en aplicación de la ley Antiterrorista de 25 de mayo de 1988, advierte que los procesados quedan suspendidos en el ejercicio de la función policial, medida que ya anticipó en su día el Ministerio del Interior.