Acuerdo en Portugal para la reforma constitucional

El acuerdo para reformar la Constitución, finalmente alcanzado después de más de un año de duras negociaciones, entre el Partido Social Demócrata (PSD) portugués, del primer ministro Aníbal Cavaco Silva, y el Partido Socialista (PS), que dirige Vitor Constancio, en la oposición, consagra el regreso de Portugal, pasados 14 años desde la revolución de los claveles, al modelo clásico de economía liberal y de mercado. El documento, ratificado por las direcciones de los dos partidos y firmado ayer por Cavaco Silva y Vitor Constancio, elimina de la Constitución los aspectos de inspiración marxista que contenía y abre las vías para la privatización de las empresas nacionalizadas después de 1974.El acuerdo de socialdemócratas y socialistas asegura la mayoría de los dos tercios de los diputados necesaria para la reformuración a los presupuestos corrientes del Estado, sino que deberá ser reinvertido en el sector público productivo o utilizado para la amortización de la deuda del sector público.

Constancio, satisfecho

Hace más de 10 años, el PS, presidido por Soares, había hecho pública su opción realista y pragmática, aceptando la necesidad de "poner el socialismo en el cajón" para "salvar la democracia y asegurar el desarrollo del país", por lo cual no se puede hablar de derechización de ese partido, pese a las reticencias de un puñado ae dirigentes socialistas históricos, que hicieron constar su desacuerdo con el pacto firmado con el PSD.Constancio se declara plenamente satisfecho. El PS, dice su secretario general, ha conseguido asegurar "aspectos que consideramos fundamentales, como garantías acerca de las leyes electorales, las reglas que determinan las privatizaciones y la defensa de los derechos ec9nÓmicos y sociales de los trabajadores, el refuerzo de la democracia participativa y la simplificación de la regionalización".

La principal victoria socialista es, en efecto, la aceptación por la actual mayoría del concepto de leyes paraconstitucionales, es decir, de aquellas que exigen para su aprobación la misma mayoría de los dos tercios necesaria para alterar la Constitución. A través de este mecanismo, los socialdemócratas se obligan a pactar con el PS toda eventual modificación del sistema electoral (leyes del referéndum y para la elección de los varios órganos de poder), del Tribunal Constitucional, de la legislación sobre estado de sitio, de emergencia y sobre la defensa y las fuerzas armadas.