Banco de España y Gobierno discuten en el Congreso por la política fiscal y el gasto público para 1989

El gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, defendieron ayer posturas contrarias respecto a la política fiscal y al gasto público previsto en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989 en sus comparecencias ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Mientras el gobernador afirmaba que el aumento de gasto previsto "nos va a complicar la política monetaria y la lucha contra la inflación", Borrell señalaba que "lo que diga el Banco de España no siempre tiene que ir a misa".

La Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados recibió ayer a la práctica totalidad de los altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda, a los que hicieron innumerables preguntas durante todo el día, en sesión de mañana y tarde. José Ramón Lasuén (CDS), Manuel Renedo (AP), José Miguel Bravo de Laguna (Partido Liberal) y Luís Ortiz (Democracia Cristiana) llevaron la voz cantante en las sesiones, a las que asistió un número mínimo de diputados.Abrió el turno de intervenciones el gobernador del Banco de España, quien explicó las últimas medidas adoptadas por la autoridad monetaria de subir los tipos de interés y volvió a criticar -aunque con menos dureza que en otras ocasiones- la política fiscal y las previsiones de gasto público del Gobierno. "En el Banco de España", dijo Mariano Rubio, llevamos algún tiempo diciendo que la economía española está creciendo a tasas muy elevadas en los tres últimos años y que la presión sobre los precios es muy fuerte. Para luchar contra este rebrote inflacionista hay dos vías posibles: la política monetaria y la contención presupuestaria, y como el crecimiento del gasto público se mantiene en niveles altos, tenemos que mantener una dura política monetaria".

A juicio del gobernador, si el crecimiento de los gastos fuera menor, el banco emisor podría desarrollar una política más moderada. "Pero no somos no supuestos", añadió, "y no nos queda más remedio que ser restrictivos en el crecimiento monetario para poder controlar el crecimiento excesivo de la economía y de los precios". Rubio insistió en que es imprescindíble seguir forzando la reducción de la inflación. "En caso contrario", dijo, "tendremos dificultades importantes con la Comunidad Europea".

Concluyó Mariano Rubio afirmando que se estaban agotando los márgenes de la política monetaria y que había que tomar otra serie de medidas contra la inflación, aunque precisó que si no se controlan los precios "tendremos que tomar medidas más drásticas". También anunció posibles intervenciones "de forma masiva" sobre el mercado de divisas "si hiciera falta para mantener estable la peseta y defender la competitividad de las empresas españolas".

Borrell responde

Las críticas de Mariano Rubio fueron respondidas de forma tajante por el secretario de Estado de Hacienda, que defendió el aumento del gasto público presupuestado por el Gobierno para 1989 y descalificó las opiniones del banco emisor. "El gasto público", dijo Borrell, "no es ni mucho menos el principal problema de la economía española. Es más importante invertir en infraestructura y solucionar aspectos sociales importantes que plantearse una reducción del gasto del Estado. Lo que diga el Banco de España no va siempre a misa, y en este caso no entiendo esa defensa de la reducción del gasto público".

Preguntado por el aumento de la presión fiscal para 1989, el secretario de Estado de Hacienda defendió con ardor que la presión fiscal individual no crecía y que había disminuido en 1988 para todos los contribuyentes con menos de 17 millones de pesetas de ingresos anuales. "Lo que está pasando", añadió Borrell, "es que los ingresos crecen de forma increíble por la afloración de grandes bolsas de fraude. En 1987 recaudamos 800.000 millones de pesetas más de lo presupuestado y en 1988 ese aumento será de 500.000 millones gracias a la persecución del fraude fiscal. No hay que olvidar que en los últimos meses han aflorado millón y medio de contribuyentes nuevos; que de cada dos agricultores que antes tributaban, ahora hay tres, y que de cada tres empresarios individuales que pagabana impuestos, ahora hay cuatro".

Reconoció, sin embargo, Borrell, que la progresividad fiscal sobre las clases medias era excesiva y que el impuesto sobre el patrimonio no cumplía los requisitos previstos de redistribución de la renta y de control de los contribuyentes. Precisó a este respecto que no harán nuevas reformas hasta que la Comunidad Europea haya tomado decisiones sobre la armonización fiscal de los países miembros. Borrell, en todo caso, anunció que el Ministerio de Economía y Hacienda está preparando un proyecto de ley para reformar el impuesto sobre el patrimonio que actualizará en su día los índices fijados actualmente.

Concluyó su intervención con la defensa, una vez más, del 6% del impuesto sobre el valor añadido para los abogados -"por imposición de la Comunidad Europea"-, y dejó una puerta abierta para posibles regularizaciones de balances de las empresas en próximos ejercicios.