La provincia catalana

'SOMOS UNA nación" ha sido con frecuencia el coherente y reivindicativo eslogan de nacionalistas vascos i catalanes. Pero las tácticas cambian, y ahora el Ejecutivo que preside Jordi Pujol ha decidido entonar su nueva jaculatoria: "Somos una provincia". En efecto, -1 Gobierno de la Generalitat ha enviado al Parlament una proposición de ley por la que Cataluña quedaría configurada como una única provincia, desapareciendo las cuatro actuales. La propuesta venía exígida ya en una disposición adicional de una de las cuatro leyes de Ordenación Territoríal (LOT) catalanas aprobadas en abril. Jurídicamente, por tanto, nada hay que oponer a la iniciativa. No puede decirse lo mismo desde la perspectiva política. Hace apenas una semana se celebró el primer debate parlamentario autonómico, y este asunto, con ser capital, no fue siquiera debatido. Entonces, tanto Pujol como los socialistas apelaron al diálogo y al consenso. Ambos se han hecho notar por su ausencia en el asunto de la provincia única, y la propuesta ha iniciado su tramitación por la puerta de servicio: no en el Parlament, sino en una rutinaria conferencia de prensa.La conversión de Cataluña en provincia forma parte, como decimos, de las LOT, uno de los paquetes legislativos autonómicos que, pese a constituir cuestión básica para la vida política y administrativa, menos consenso y más enfrentamiento han generado en la historia reciente. En parte por ello mismo, se trata también de una normativa cuya aplicación ha resultado hasta ahora desgraciada e ineficaz: el control autonómico de las diputaciones ha chocado con repetidas sentencias judiciales que han dado la razón a aquéllas; la Corporación Metropolitana -una real, aun, que defectuosa, coordinación de los 27 municipios de la Gran Barcelona- fue sustituida por un caos más que regular; las comarcas (actualmente 41) fueron creadas sobre la base de los parámetros económicos de la época de la República, en la que las distancias de los pueblos a los mercados de las ciudades se cubrían en carromato, y los consejos comarcales sólo valen para transformar la mayoría de izquierdas existente en la Administración local en hegemonía del nacionalismo conservador.

Con estos antecedentes, hay suficientes motivos para interrogarse por los beneficios que podrá reportar la conversión de la nación catalana en una provincia. Problemas como los derivados de la macrocefalia Barcelonesa, del número de senadores y diputados y .a proporcionalidad de su representación y de la desaparición de audiencias provinciales deberán aborlarse en un debate más profundo y calmado, con la )ropuesta de ley en la mano. Pero no resulta prema-.uro llamar la atención sobre dos graves peligros. El )rimero es que la discusión política en una de las conunidades autónomas españolas con más acusada personalidad derive en debates nominalistas (tras la eventual supresión de las provincias, resurgirían de otro, modo a través de unas nuevas regiones) o puranente administrativístas, paralizadores de otras cuestiones importantes, como ha sucedido en Euskali con los pleitos entre diputaciones forales e instituciones autonómicas comunes. El interés ciudadano in 1988 conecta mucho más en Cataluña con los problemas de la integración en la Europa comunitaria, la organización olímpica y las grandes cuestiones de infraestructura y transporte que con las discusiones burocráticas sobre galgos y podencos.

El segundo peligro tiene que ver con la utilización que pueda hacerse del hecho de que, por mandato constitucional, la ley aprobada por el Parlament habría de ser ratificada por las Cortes. La propuesta no cuenta con el apoyo del PSC-PSOE ni de AP. Ello hace augurar que sería rechazada en el Parlamento español, con lo que podría convertirse en alimento para un renovado victimismo nacionalista. El pujolismo vuelve ajugar con ventaja: o se admiten unas propuestas que sólo a él benefician -electoralmente- o u rechazo es manipulado como una "agresión a Cataluña", cosa no menos rentable en términos electorales. Todo ello sin entrar a considerar la conveniencia o no de querer ahora convertir en provincia lo que o deja de proclamarse como nación.