El MOPU decide colocar un vigilante en cada 20 kilómetros del litoral español

Cada 15 o 20 kilómetros de costa española habrá un vigilante al servicio de Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), que controlará el cumplimiento de la ley de Costas. El MOPU está dispuesto a aplicar con rigor la nueva ley, que entró en vigor el pasado 29 de julio, según informó el director general de Costas, Fernando Palao, en una entrevista mantenida con EL PAÍS. Enfrentamientos con alguna administración autonómica, especialmente en Cataluña, donde, al amparo de la nueva ley, se han incoado ya 16 expedientes disciplinarios son los primeros síntomas de este rigor.

La Dirección General de Costas ha adoptado durante las últimas semanas una serie de disposiciones con objeto de aplicar la nueva ley de Costas, entre las que destaca la potenciación de los servicios de vigilancia y los jurídicos. La intención de la dirección general es ampliar el servicio de vigilancia, colocando un inspector cada 15 o 20 kilómetros de litoral. España tiene 7.880 kilómetros de costa, lo que representaría estructurar un cuerpo de vigilantes con más de 400 personas. En Cataluña el servicio de inspección de¡ MOPU lo forman 15 vigilantes y, con la aplicación de la nueva normativa, pasaría a disponer de 30 inspectores para el control de 734 kilómetros.Otro de los proyectos, según Fernando Palao, es el de incrementar los servicios jurídicos de las demarcaciones. Estas cuentan con un solo abogado -que se verá ayudado con nuevas incorporaciones-, cuya misión principal era la de iniciar expedientes para recuperar los territorios de dominio público, pero la burocracia y la dinámica del departamento le ha venido obligando a actuar en otro sentido.

Atlas geográfico

El MOPU ha puesto también en marcha un estudio para censar el litoral español desde un punto de vista urbanístico. Para ello se ha recabado la ayuda de los municipios, que deberán elaborar un inventario de las construcciones de sus costas. Este censo se complementará con la confección de un atlas fotográfico aéreo.

El director general de Costas está empeñado sobre todo en transmitir los fundamentos de la nueva ley a todas las demarcaciones. A este respecto, Fernando Palao añadió que la ley se aplicará con todo su rigor.

La reestructuración que afecta al MOPU es la culminación de un proceso de potenciación del departamento de Costas comenzado hace dos años. El departamento había sido hasta hace poco el furgón de cola del ministerio, y los efectivos mínimos que lo componían habían sido "generosamente" traspasados a los gobiernos autónomos durante el mandato de UCD. Esta política de desmantelamiento ha provocado un trabajo titánico cuya finalidad ha sido reimplantar los servicios, dotándolos de contenido.

Esta potenciación del MOPU ha sido mal interpretada por algunos gobiernos autonómicos, especialmente en Cataluña, aseguró el portavoz ministerial. La reestructuración ha provocado una pugna política, convenientemente impulsada, manipulada y potenciada por los intereses de empresas inmobiliarias, que acusan a la Administración central de "asumir competencias que hasta ahora ejercía la comunidad" e "introducir un factor de involución en el proceso autonómico".

En Cataluña, a pesar de este conflicto, técnicos del MOPU y del Gobierno de la Generalitat llegaron a un acuerdo de principio sobre la política y administración de las costas catalanas, poco antes de las elecciones autonómicas del 29 de mayo, según ha explicado el director general de Costas.

Pacto congelado

El principio de acuerdo desbloqueaba muchos problemas puntuales ocasionados por el conflicto competencial que se arrastra desde hace dos años, pero este pacto quedó congelado por el proceso electoral, sin que se llegara siquiera a redactar el acta de los acuerdos. Sin embargo, el Gobierno de la Generalitat utilizó el principio de acuerdo para legitimar e impulsar la realización de diversas obras públicas polémicas que el MOPU pretendía paralizar, según aseguró el portavoz ministerial.

Los enfrentamientos entre ambas instituciones por la administración de las costas se radicalizaron a finales de 1987, a raíz de la construcción de los paseos marítirnos de Llançá y Sant Carles de la Rápita, proyectados y financiados parcialmente por la Generalitat sin el permiso del MOPU. Éste conminó a la Administración autonómica para que no se arrogara competencias no trasladadas, al tiempo que ordenó la paralización de las obras. Las órdenes fueron incumplidas, y responsables de la demarcación de Costas del MOPU lo pusieron en conocimiento de los gobiernos civiles por si éstos consideraban conveniente utilizar la fuerza pública para paralizar la construcción de los paseos maritimos, al tiempo que trataban de dar una salida negociada al conflicto. Fernando Palao confia en que el diálogo entre ambas instituciones se reanude en el punto en que lo habían dejado antes del verano.