Suspendido un juicio al no comparecer como testigos altos cargos policiales

El juicio contra 10 miembros o colaboradores del comando Vizcaya de ETA, acusados de diversos delitos de terrorismo, fue suspendido ayer en la Audiencia Nacional debido a que tres altos cargos de la policía a principios de 1986, citados como testigos de la defensa, no comparecieron a la vista. Se trata de Julián San Cristóbal, ex director de la Seguridad del Estado; Julio Hierro, jefe de información de la policía de Bilbao, y Francisco Álvarez Sánchez, ex jefe del Gabinete de Operaciones Especiales.

El tribunal, tras una corta deliberación, acordó convocar de nuevo a San Cristóbal, actualmente en una empresa privada, y a los otros dos testigos. Los magistrados han precisado que en la citación se les notificará la obligación que tienen de comparecer ante el tribunal y que, en caso de no hacerlo, incurrirán en responsabilidad penal.La importancia de la declaración de los policías radica en que, según la defensa, el comando fue detenido, debido a que agentes españoles obtuvieron la pista para localizarlo presionando al etarra Alfonso Etxegaray, cuando se encontraba extraditado en Ecuador. Este hecho plantea la posible ilegalidad de las pruebas obtenidas mediante la vulneración de derechos fundamentales.

Barrionuevo niega

El anterior ministro del Interior, José Barrionuevo, ya contestó por escrito a un pliego de 22 preguntas que le formuló el abogado y parlamentario europeo de Herri Batasuna, Txema Montero, que fue unido al sumario. Barrionuevo negó la existencia de viajes de policías a Ecuador y por consiguiente que las pistas que condujeron a la detención del comando Vizcaya y a la liberación de Juan Pedro Guzmán, secuestrado por los etarras, hubieran sido obtenidas ilegalmente. El ex titular de Interior se negó a contestar si fueron policías a Cabo Verde con el mismo fin.

Según informó ayer Txerna Montero, uno de los abogados defensores, la policía, al enfrentarse al secuestro de Juan Pedro Guzmán, directivo del Athlétic Club de Bilbao, se imaginó que podría estar oculto en el mismo lugar en el que anteriormente estuvieron el ingeniero José María Ryan y José Lipperheide.

La conclusión a la que llegaron los investigadores es que los activistas que pertenecían al comando Vizcaya cuando se realizaron esos dos secuestros podían conocer la ubicación del zulo. Así, buscaron a miembros anteriores del comando y localizaron a Alfonso Etxegaray en Ecuador, donde se encontraba custodiado por la policía local.

Pista bajo torturas

Según Montero, policías españoles abordaron a Etxegaray cuando estaba durmiendo custodiado por el capitán Zapata y dos números, y lo trasladaron a un monte donde le inflingieron diversas torturas hasta que el etarra les indicó el lugar donde se había ocultado a Ryan y Lipperheide, que resultó ser el mismo almacén en el que se hallaba Guzmán.

Etxegaray fue trasladado posteriormente a Cabo Verde, donde denunció ante un juez lo ocurrido en Ecuador. Siempre según Montero, la policía intentó en Cabo Verde interrogar por los mismos métodos a otro antiguo miembro del comando, pero las autoridades de aquel país se opusieron al procedimiento.

Montero planteó la ilegalidad jurídica ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero el Supremo le indicó que debía plantearlo en el juicio penal.

Los miembros del comando que iban a ser juzgados ayer son Juan Manuel Gaztelumendi Uribarren, Joaquín Urain Larrañaga y José Manuel Azcárate Ramos, y los integrantes de la infraestructura José Antonio Usaola Amarica, María del Carmen Pérez Bilbao, María Careaga Mezo, Andrés Velado, María Concepción Fernández, Antonio Botello y Liria Legarra Camiruaga. El fiscal pide para los tres primeros 27 años de cárcel por delitos de pertenencia a banda armada, depósito de armas de guerra y tenencia de explosivos. Para Careaga, 21 años, y para Usaola, 14, por delitos similares. Para los restantes, 7 años por colaboración con ETA.

En este sumario no se les acusa de los secuestros de José María Ryan, José Lipperheide o Juan Pedro Guzmán, ya que constituyen delitos por los que se siguen procesos separados.