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Tribuna:POLICÍAS ANTE LA JUSTICIA
Tribuna
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¿Hablará Amedo?

La clara posibilidad de que el subcomisario José Amedo y el inspector Michel Domínguez sean finalmente procesados por su presunta implicación en las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) abre una interrogante sobre la posible postura a tomar por ambos para defenderse de las acusaciones.

Realmente es ahora cuando el juicio de los GAL puede empezar. La libertad de Amedo y Domínguez, tan fatídicamente temida por unos y secretamente anhelada por otros, habría terminado con este proceso judicial, aunque los dos encartados se hubieran quedado en sus casas esperando tranquilamente el final del asunto. Siendo tantos y tan graves los crímenes imputados, no cabía término medio en un proceso contra los supuestos culpables y cualquier consideración hacia ellos impedía concebirlos como tales.Va a ser un proceso atípico desde el punto de vista judicial, como ocurre con frecuencia cuando se trata de acusados vinculados a la Administración. Para empezar, una vez más nos encontramos con el papel protagonista de la acusación popular, figura genuina del sistema español, que tan útil se ha mostrado últimamente en la defensa de los derechos de los ciudadanos. En este caso, su misión justiciadora se ve resaltada por la actitud ambigua del fiscal, que no sabemos si mantendrá el principio acusatorio o no se opondrá a que lo mantenga la acusación popular. Las funciones de los jueces también resultan afectadas por la especialidad de los acusados. El juez instructor, que no tenía facultades para procesar policías, ha debido soportar públicamente el peso de la responsabilidad de este sumario. Los magistrados de la Audiencia han mantenido la prisión de los inculpados, sin el respaldo del fiscal (habitual y casi confortante en los casos graves) y frente a la postura beligerante del presidente del Gobierno en este asunto.

También va a ser un proceso dificil. Hay demasiados intereses extraprocesales implicados, demasiadas fuerzas en conflicto. ¿Volveremos a encelarnos apasionadamente con la teoría de los fondos reservados? Esperemos que mientras se discute sesudamente sobre esta cuestión de Estado no sigan funcionando los dichosos fondos, porque nos pueden llover cartas de descargo hasta convertir esto en un sumario por correspondencia. Sería deseable que los sistemas de auxilio judicial internacional facilitaran el examen directo por el tribunal español de los testigos o cómplices que están en otros países.

La actitud que adopte el Gobierno en relación con la investigación judicial puede no ser tan cerrada como hasta ahora. Es de dominio público el malestar que en muchos sectores del partido socialista han ido creando, sucesivamente, la negativa a declarar de los mandos policiales, la espectacular conferencia de prensa del presidente del Gobierno antes de las vacaciones y la postura del fiscal del Estado a la vuelta. Malestar tanto mayor cuanto que esas iniciativas no han servido para detener el proceso contra Amedo ni, mucho menos, el escándalo que suscita. No hay un solo ciudadano, de la ideología que sea, que no vea detrás de esta actitud gubernamental un desesperado intento por ocultar la implicación del Ejecutivo en la organización de los GAL. Mantener una posición atrincherada en la reserva de unos fondos, o en otros trucos de Estado, no va a contribuir a cambiar esa idea. Cierto es que a muchos españoles, por otra parte, les parece muy bien que el Gobierno utilice los famosos fondos para esos fines y son partidarios de utilizar los métodos que sea para luchar contra ETA. Pero no se conforten nuestros modernos Maquiavelos con estas opiniones, porque quienes las sustentan son precisamente los que más se regocijan viéndoles en este aprieto, y serán los más formales defensores del derecho y la ley cuando sirvan para encausar a este Gobierno.

Postura y apostura

Desde un punto de vista probatorio, la inmediata incógnita es la actitud de defensa material que el propio Amedo adopte en lo sucesivo, si se ve procesado y en prisión incondicional. Hasta ahora ha afirmado siempre su absoluta inocencia, en ese estilo suyo tan contundente para comunicarse. Pero sus manifestaciones tienen más de postura (apostura) que de explicación. Son también expresión de un cierto concepto de la hombría (omertá, dicen por Italia) que hace de la soledad ante el peligro un deber inquebrantable. ¿Sus protestas de inocencia vienen de los hechos o van a las personas?

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Nadie puede saber qué tramposas expectativas o qué oscura idea reverencial de sí mismos hace que ciertos reos distinguidos se empecinen en articular sus defensas como inocentes desde todo punto y solicitar hieráticos su inmediata libertad y absolución, cuando hay un cúmulo de pruebas contra ellos. Tenemos el ejemplo reciente del caso el Nani -cuya relación con las últimas incidencias del caso Amedo es una asociación de ideas que se habrá hecho más de uno-, donde nos encontramos con que, salvo en el supuesto (poco aceptado) de que el detenido desaparecido siga vivo, la confesión por parte de los policías ya condenados de que Corella se les quedó en un mal golpe habría ahorrado unos 10 años de cárcel a cada uno, por el cambio en la calificación del delito.

Mientras Amedo siga en su situación judicial actual, la suposición de que es completamente inocente -salvando las presunciones legales- es una hipótesis en baja. La cuestión está, entonces, en que, su posible culpabilidad no se concibe bien en solitario: la estructura de las conductas delictivas que se le imputan requiere otras, implicaciones, otras culpas compartidas y repartidas. Por lo que se conoce del sumario en este momento, hay muchas pruebas que implican a Amedo y Domínguez, pero la investigación se estrella contra el problema del origen de los fondos que éstos manejaban. De ahí el escándalo suscitado por las manifestaciones del presidente del Gobierno el 29 de julio, que enlazó toda una disertación sobre la bondad política de los fondos secretos con su personal posicionamiento al lado de los funcionarios encausados, de los que "no tomaba ninguna distancia". Hay una sutil contradicción, sin embargo, en estas declaraciones. El dinero no tiene nombre, pero cuando se invierte mal no hay más remedio que ponerle uno, que será el del que lo gasta. Si los dineros utilizados por Amedo procedieran de los Presupuestos del Estado -es una hipótesis contemplada por el juez-, la firmeza en proclamar su carácter reservado es un velo sobre su origen, y no sobre su destino. Y es una ruptura con Amedo que pone una distancia absoluta entre él y quienes se lo entregaron. Amedo, solo, aparecerá como el que paga (con los fondos y por los fondos).

En estas fechas del comienzo del otoño los días se van haciendo más cortos, pero para Amedo y Domínguez serán cada vez más largos. Encerrados en su celda, se volverán a su alrededor y verán la distancia insalvable que toman todas las cosas. Mientras tanto, el trascendental proceso judicial que ahora se abre se debate entre las dificultades de la investigación y la gravedad de los crímenes perseguidos, con estos dos hombres solos de momento en el banquillo, serios, firmes, proclamando su inocencia ante todos.

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