Cartas boca abajo

AL CONSIDERAR que las cartas de los tres delincuentes portugueses en las que se exculpaba a los policías Amedo y Domínguez no tienen ningún valor probatorio, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que acordó ayer denegar la libertad provisional solicitada para esos policías en base a tales cartas, reconcilia el sentido común con el sentido jurídico. Al desestimar la petición de la defensa, a despecho de las presiones que rodean el caso (incluida la insólita intervención del fiscal general), el tribunal demuestra la independencia del poder judicial, pieza básica del ordenamiento democrático. Al rehuir la tentación de escurrir el bulto mediante el fácil expediente de remitir una resolución definitiva a la realización de la comisión rogatoria de autentificación de las cartas portuguesas, los juzgadores han demostrado valentía moral y sentido de la responsabilidad. En conjunto, es el Estado de derecho el que sale fortalecido, y con él la credibilidad del sistema de libertades.A lo largo de varios meses, los ciudadanos han ido conociendo los indicios que relacionaban a José Amedo y Michel Domínguez con la organización de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), grupo de mercenarios responsables de la muerte de 24 personas. Esos indicios fueron sistematizados por el juez Garzón en un sumarlo de gran solidez y coherencia, según fue reconocido unánimemente, incluso por el fiscal general. Esos mismos ciudadanos no acababan de entender que la aparición de tres cartas con idéntica redacción y firmadas por tres de los mercenarios inculpados en el caso y actualmente en prisión pudieran bastar para demoler ese sólido edificio sumarial. El reconocimiento de Amedo y Domínguez por esas tres personas era una pieza, pero no sustancial, del sumarlo, que contiene, como indica el auto de la Sala Tercera de la Audiencia Nacional, "otra serie de testimonios, documentos y pruebas diferentes" que constituyen un cuerpo coherente de "datos objetivos". El tribunal considera que esas cartas, única base argumentativa de la petición de libertad provisional, "carecen de autenticidad y valor probatorio de clase alguna, ni siquiera indiciaria", por lo que no tienen "virtualidad jurídica" para debilitar la fuerza de las manifestaciones y reconocimientos realizados anteriormente por los tres detenidos portugueses.

Pero el auto supone además un importante acto de afirmación de la independencia de los jueces respecto al Ejecutivo, cuya larga mano se había manifestado con estruendo estos días. Al ordenar -amparándose en la trascendencia social del asunto- al fiscal encargado del caso que se abstuviera de oponerse a la petición de los defensores de Amedo y Domínguez, el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, irrumpió en el procedimiento como un batería de rock duro en la capilla Sixtina. El estruendo se dobló de estupor cuando Moscoso aportó, como única explicación de su actitud, el argunento de que las razones que le habían llevado a ella eran "complejas". No hacía falta ser un lince para interpretar que eran razones de peso, pero inconfesables. Ahora bien, el más seguro criterio de legitimidad de una acción humana es que su fundamento pueda hacerse público. Y viceversa. La política de los arcana imperii, prolongada hoy en la moral de la razón de Estado, empiedra lo peor de la historia de la humanidad.

Pero, precisamente por ello, el auto de ayer cobra el valor de símbolo del Estado de derecho en cuanto negación de esa moral. Los jueces que han firmado el texto -entre los que no figura el presidente de la Sala Tercera, Juan Manuel Orbe, que por segunda vez en dos meses hubo de ser sustituido en momentos particularmente delicados del procedimiento por haber alegado enfermedad- han actuado con independencia de presiones visibles o invisibles. Al resolver en el sentido que lo han hecho, y en base a la argumentación utilizada (renunciando a la vía fácil del aplazamiento por criterios formalistas), han demostrado el valor y coherencia moral que han faltado a otros, y han dejado abierto el camino hacia el esclarecimiento total de los hechos, imposible sin un juicio público en el que, con las debidas garantías jurídicas para los encausados, todos los aspectos de la siniestra trama puedan ser desvelados: puestas boca arriba las cartas que permanecen boca abajo. Todas las cartas.