El Gobierno dará a los fiscales nuevas funciones en los procesos penales

El Gobierno tiene preparada una futura ley que da mayores atribuciones a los fiscales, con objeto de ensayar nuevos mecanismos con vistas a la futura reforma global del proceso penal. Aunque el texto elaborado por el Ministerio de Justicia mantiene el control del proceso en manos de los jueces, se establecen nuevas competencias para fiscales y policía judicial. Junto a estas medidas, se establecen 101 nuevos juzgados de lo penal, encargados de juzgar y sentenciar las causas instruidas por los jueces de instrucción.

La futura ley orgánica que reforma el proceso penal pretende dar respuesta a la interpretación del Tribunal Constitucional que estima incompatible la función judicial de instruir y juzgar. El anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia modifica la ley orgánica del Poder Judicial y la ley de Enjuiciamiento Criminal y ensaya nuevas funciones del fiscal previas al juicio, así como potencia la policía judicial a sus órdenes.El anteproyecto de ley, una vez que sea informado por el Consejo General del Poder Judicial y remitido por el Gobierno a las Cortes Generales, se tramitará por procedimiento de urgencia, ya que el Ejecutivo desea que la futura ley entre en vigor el 1 de enero de 1989. A partir de esa fecha quedará en suspenso hasta 1993 el sistema de jubilaciones de los jueces, magistrados y fiscales, que sólo se retirarán al cumplir los 68 años. A partir de 1993 se restablecerá el procedimiento de jubilación escalonada en edades inferiores, hasta 1995, en que los miembros de las carreras judicial y fiscal se jubilarán a los 65 años.

El Gobierno proyecta también modernizar el Código Penal y suprimir casi la mitad de las faltas, así como tipificar el delito de conducción temeraria, agravar la violación anal y admitir que los representantes legales de los oligofrénicos consientan su esterilización con el adecuado control judicial y fiscal.

La dotación inicial de los nuevos juzgados de lo penal en toda España será de 101, de los que 75 se constituirán como consecuencia de la supresión de otros tantos juzgados de instrucción. Madrid, con 10 juzgados de lo penal; Barcelona, con 6; Valencia, con 4, y Sevilla, con 3, son las poblaciones con mayor número. Los 25 restantes juzgados de lo penal serán de nueva creación.

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