La zona militar de Campamento se convertirá en ocho años en una miniciudad sin coste para el contribuyente

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid firmarán en octubre un convenio con el Ministerio de Defensa para desmantelar la zona militar de Campamento. Estas instalaciones, que abarcan una superficie equivalente al área comprendida entre Nuevos Ministerios y la plaza de Castilla, se convertirán en ocho años en una miniciudad sin coste alguno para los madrileños. Las administraciones regional y local acordaron también ayer la promoción de suelo suficiente para construir 30.200 viviendas de protección oficial en los próximos cuatro años.

Los responsables de la Comunidad y del Ayuntamiento, tras una reunión conjunta presidida por Joaquín Leguina y Juan Barranco, anunciaron que Madrid tendrá, en 1992, 30.200 nuevas viviendas de protección oficial, al margen de las fijadas por el Plan General para la Iniciativa Privada. Estas viviendas, cuyo precio máximo no puede superar los siete millones de pesetas, se levantarán sobre suelo público promovido por las administraciones regional y municipal.De las 30.200 viviendas, 12.000 serán construidas directamente por Ayuntamiento y Comunidad, pues su fin no será la venta sino el alquiler a familias con escasos recursos. Para optar a una de ellas será imprescindible que los ingresos familiares no superen 1,7 veces el salario mínimo interprofesional, es decir 74.800 pesetas.

El resto de las viviendas saldrá a la venta a precios que oscilarán entre los 5,5 millones y los 7 millones. Para obtener estos precios reducidos, se cederá gratuitamente el terreno a cooperativas o se venderá el suelo de forma que su repercusión sobre el precio de la vivienda no supere el millón de pesetas. Para acceder a estas viviendas, las familias interesadas deberán tener unos ingresos mensuales comprendidos entre las 74.800 y las 154.000 pesetas, según explicó Ramón Espinar, portavoz del gobierno regional. De momento está en marcha el proyecto de Vallecas Sur, polígono que estará compuesto por 6.200 viviendas sociales. Según se decidió ayer, una actuación parecida se realizará en el polígono comprendido entre Pavones, Vicálvaro, Santa Eugenia y Vallecas Villa, en el que se construirán 6.000 viviendas. Por último, otras 6.000 familias cooperativistas podrán acceder a suelo público en régimen de derecho de superficie.

"Creemos que se puede hacer más", dijo ayer Luis Larroque, primer teniente de alcalde y portavoz del grupo socialista. "Por eso es posible que además de las 30.200 viviendas se puedan construir otras 10.000 mediante actuaciones como las previstas en El Espinillo y el Rancho del Cordobés".

Cambiar Campamento

Los miembros de ambos equipos de gobierno decidieron asimismo establecer un polígono industrial en los 550.000 metros cuadrados comprados por la Comunidad en Villaverde e iniciar en octubre el plan que supondrá la eliminación de los cuarteles de Campamento. Para ello, en las próximas semanas se firmará un convenio entre el ministro de Defensa, Narcís Serra, el presidente regional, Joaquín Leguina, y el alcalde de Madrid, Juan Barranco. El convenio fijará los plazos de desalojo de las instalaciones militares con el fin de proceder a su sustitución por viviendas, comercios, oficinas y equipamientos.

La intención, según Larroque, es que en ocho años la zona militar de Campamento -con una longitud semejante a la que va desde Nuevos Ministerios a la plaza de Castilla- se convierta en una miniciudad " sin que ello le cueste un duro al Ayuntamiento y a la Comunidad". La venta de terrenos deberá así financiar tanto la urbanización como la construcción de equipamiento y viario.

Por último, la comisión acordó que la promoción y gestión de Madrid Capital Cultural de Europa sean realizadas por un consorcio formado por la Administración estatal, la Comunidad y el Ayuntamiento. El consorcio tomará la forma de sociedad anónima y tendrá una junta de gobierno con representantes de las tres instituciones, incluida la oposición.

La junta, dotada de una comisión ejecutiva y una dirección general, tendrá tres consejos: uno cultural, con participación de las personas más significativas en este campo; otro económico, en el que estarán los promotores privados, y uno institucional, con presencia de las instituciones privadas. Larroque anunció que en febrero o marzo de 1989 esperan que esté aprobada la ley de beneficios fiscales para quienes participen en la organización de la capitalidad cultural.

Ramón Espinar manifestó que, entre tanto, Ayuntamiento y Comunidad asignarán 500 millones de pesetas para el funcionamiento del consorcio.