Un fiscal para el nuevo proceso

LA SENTENCIA del Tribunal Constitucional sobre la improcedencia de que un mismo juez instruya y dicte sentencia debería haber servido de acicate para que, de una vez por todas, los poderes públicos, y el Gobierno a su cabeza, se pongan a la tarea de dar un vuelco al engorroso, lento e inoperante proceso penal actual y adaptarlo a los criterios de oralidad, publicidad y rapidez que para el mismo demanda la Constitución. Pero en vez de afrontar el desafío que el pronunciamiento de¡ tribunal plantea, nuestros gobernantes quieren aprovechar la ocasión para avanzar un primer paso legal en sus propósitos de consagrar formalmente la primacía del Ejecutivo respecto de los otros poderes del Estado, sobre todo del judicial, lo que entronca con las teorías de los ideólogos de la muerte de Montesquieu. Así cabe interpretar su intención de que la función instructora de los jueces, que es determinante para la elaboración de un fallo justo e imparcial, sea atribuida a una institución que como el ministerio fiscal está ubicada en el área de influencia del Gobierno.Es muy dudoso que con esta solución se dé una adecuada respuesta al mandato del Tribunal Constitucional, y es seguro que los efectos negativos que se derivan de un procedimiento penal totalmente inadecuado a la conflictiva y urbana sociedad de nuestros días seguirán recayendo sobre los sufridos ciudadanos. Así, las cárceles seguirán estando repletas de miles de reclusos a la espera de ser juzgados, los sumarios continuarán pudriéndose en las oficinas judiciales y el ciudadano que necesite de la justicia apenas tendrá otra opción que la espera resignada a que, mejor tarde que nunca, se dé respuesta a su problema.

La pretensión de atribuir al fiscal la instrucción de las causas penales no es un tema menor que deba pasar inadvertido entre las fuerzas políticas y entre los ciudadanos. La instrucción, tal como viene siendo practicada, determina en gran medida el fallo del juicio oral, y, por tanto, si quien la realiza no es neutral puede inclinar la balanza del lado de los intereses que representa, por más que, como en el caso del fiscal, éstos sean tan excelsos como la legalidad o el interés público y social. Pero la historia antigua y reciente es testigo de cuántas arbitrariedades y atropellos contra las personas se han cometido en nombre de estos valores superiores, y lo menos que podría suceder ahora, si esta iniciativa llega a tomar cuerpo, es una reducción de las garantías del detenido y un debilitamiento de su posición en el proceso. Es imposible que una instrucción en manos del ministerio fiscal garantice los principios de contradicción e igualdad, cuyo respeto es esencial para no provocar la indefensión de] detenido y sentar las bases para un juicio justo e imparcial.

Pero, además de no ser ésta la forma de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, tampoco es una medida que sirva para desbloquear el actual atasco de la justicia penal. Y los propios fiscales no deberían sentirse felices ante la posibilidad de ser instrumentalizados en una operación de debilitamiento del poder judicial. Mucho más adecuado sería abordar de una vez la desaparición de la instrucción y la implantación de un proceso acusatorio, eminentemente oral, que coloque directamente sobre la mesa del juzgador el hecho delictivo y las pruebas practicadas en un plano de igualdad. No es ésta una tarea fácil, pues significa llevar a cabo una revolución que acabaría con intereses y hábitos fuertemente arraigados en el variopinto mundo judicial. Pero en un proceso así, el ministerio fiscal podría dar plenitud a su misión constitucional de promover la acción de la justicia, aunque ello exigiese por su parte menos trabajo de despacho y más a pie de tribunal. Y es también así como pasaría a ser una pieza fundamental del proceso y no simplemente un parche en la caótica situación actual, como ocurriría si asumiese las nuevas tareas que se le quieren encomendar dejando las cosas tal y como están.