Batalla política sobre la supresión del voto secreto en Italia

El Gobierno italiano se prepara para el gran desafio político que puede suponer la abolición del voto secreto en el Parlamento. Es el primer acto de la tan esperada "gran reforma institucional", de la que se viene hablando desde hace años. Italia es un país sin recambio político. Desde hace 40 años, prácticamente gobiernan siempre los mismos, sin que exista siquiera la posibilidad de dos grupos políticos que se alternen en el poder, ya que al partido comunista, segunda fuerza electoral del país, nunca se le ha permitido entrar directamente en el Ejecutivo.La parálisis política se debe un parte, según los expertos, a la actual ley electoral y a la imposibilidad que tienen los Gobiernos de coalición de gobernar, amenazados siempre por las emboscadas del voto secreto en el Parlamento, sobre todo cuando se trata de la ley de presupuestos. El problema es que el voto secreto servía, sobre todo, a la oposicion comunista para mantener un poder de veto y condicionar no pocos proyectos de ley, apoyados en el secreto de las urnas por los descontentos de la mayoría gubernamental.

La abolición del voto secreto sirve ahora, sobre todo, a los socialistas, ya que su líder, Bettino Craxi, está convencido de que, de otra forma, él estaría aún al frente del Gobierno. Y le conviene, en la esperanza de volver con las manos libres.

Interesa también al primer ministro, el democristiano Ciriaco de Mita, pues pasaría a la historia como el verdadero reformador de las instituciones políticas. Sin el voto secreto, podría hacer una reforma a fondo del gasto público, que se está comiendo la próspera economía del país. Se aseguraría, además, su permanencia pacífica en Palazzo Chigi durante toda la legislatura.

De Mita contaba con el apoyo de los comunistas, y les había ofrecido compensaciones. Pero, con la llegada del nuevo secretano general, Achille Occhetto, las cosas han cambiado. Los comunistas se han puesto más duros. Aceptan negociar el voto secreto, pero a cambio de que se aborde en seguida la reforma electoral, lo que, por el contrario, no desean los socialistas, que tratan de aplazarla.