La falta de respuesta de Interior hace aplazar el juicio al policía Medina.

El juicio contra el inspector de policía Juan José Medina que se iba a celebrar ayer en la Audiencia Provincial de Madrid hubo de ser suspendido porque la Dirección General de la Policía, del Ministerio del Interior, no facilitó al tribunal una serie de documentos, considerados esenciales para la defensa, cuyo envío había sido solicitado hace siete meses. Medina, que en 1983 se llevó a su casa 35 expedientes relacionados, entre otras cosas, con espionaje a partidos políticos y tramas golpistas, está acusado de infidelidad en la custodia de documentos. El fiscal solicita para él una pena de dos años de prisión y multa de 30.000 pesetas.

Aunque, según la defensa, la dirección general no ha querido enviar los documentos, un portavoz oficial de la policía indicó que no se había podido confirmar la entrada en el Ministerio del Interior del escrito de la Audiencia en el que se solicitaban los documentos. Fuentes próximas a la defensa consideraron el caso un evidente ejemplo de falta de colaboración de Interior con la justicia y afirmaron que éste no es un hecho aislado.Entre los documentos solicitados a la Dirección General de la Policía a requerimiento del defensor de Medina figura un acta elaborada por el propio policía en la que otros dos agentes, Sebastián Fernández Dopico y José Luis Rodríguez Zarco, reconacían haber sustraído cerca de 5.000 informes de la brigada sobre distintos partidos políticos y un centenar de legajos sobre temas militares y tramas golpistas, así como el expediente incoado a los mismos inspectores.

La defensa de Medina pretende demostrar con los documentos solicitados que Fernández Dopico y Rodríguez Zarco, pese a la sustracción de miles de expedientes, continúan en sus cargos sin haber sido sancionados mientras Medina fue suspendido, de empleo y sueldo, cuando sólo se había llevado 35 informes. Hace menos de una semana le ha sido notificada al policía Medina una nueva sanción de seis mes de suspensión de empleo como consecuencia del expediente que se le abrió por unas declaraciones aparecidas en EL PAIS que sus superiores achacaron al funcionario policial.

Página 15